Poder Ciudadano revisa al Consejo

Con la ayuda de la participación ciudadana, desde febrero y hasta julio de 2007 la Fundación Poder Ciudadano realizó un Monitoreo Cívico al Consejo de la Magistratura y este martes se presentó el informe con las principales conclusiones. Según el informe entre las principales deudas se encuentran la desburocratización del organismo, la agilidad y transparencia de los procesos de selección, y el rompimiento del corporativismo. Sin embargo, finalizó el documento con la firme opinión de que “todavía quedan asignaturas pendientes que el Consejo de la Magistratura debe abordar para cumplir acabadamente su rol constitucional",

"El trabajo busca comprobar si se cumplen los objetivos de la reforma del Consejo, impulsada por el gobierno y defendida en el Senado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que empezó a funcionar en noviembre del año pasado", explicó Varina Suleiman, coordinadora del Área Acción por la Justicia de la Fundación.

El informe fue realizado a partir del trabajo de ciudadanos voluntarios, que asistieron a las reuniones públicas del Consejo con el fin de monitorear el desarrollo formal de los plenarios y el trabajo de las comisiones, entre otros aspectos del funcionamiento del organismo.

Del análisis surgen conclusiones positivas y objetivos que aún quedan pendientes de cumplir. En relación a las primeras, se destaca un avance en el acceso a la información del Consejo. “El organismo empezó a actualizar la información publicada en su página webdesde que Poder Ciudadano presentó, en abril pasado, pedidos formales al respecto", dijo Damián Azrak, abogado encargado del monitoreo.

En cuanto a las temáticas pendientes, la más destacada es la disminución del corporativismo. Según el análisis de Poder Ciudadano, esto se asienta aún más a partir de la reforma, que excluyó a las minorías políticas del Consejo (solo hay representantes del PJ y la UCR), y además redujo de 4 a 2 la cantidad de abogados, con el pretexto de que podría existir un conflicto de intereses en la designación y promoción de jueces.

"Sin embargo, no se tuvieron en cuenta las lógicas corporativas tradicionales, por la que los jueces que no fueron excluidos del Consejo, en la Comisión de Acusación, no van a votar en contra de alguno de sus colegas. La misma lógica con la que se decidió excluir a los abogados debería usarse para los jueces e, incluso, para los funcionarios oficiales que integran el organismo", recalcó Azrak.

Según señala el informe, “para verificar el rompimiento de las lógicas corporativas hemos realizado un análisis del funcionamiento de las comisiones de Selección y de Acusación y Disciplina, cuyo resultado demuestra que hasta el presente no hay acciones tendientes a alcanzar este objetivo”.

La asistencia de los consejeros y el tratamiento de temas de acuerdo a las órdenes del día es otro de los temas que preocupan. Según el informe, "se registra una gran cantidad de inasistencias justificadas por el cumplimiento de labores primigenias de los consejeros (otorgada por la resolución 147/99)". Ante esto, Poder Ciudadano pidió revisar esa norma “a fin de aumentar el número de asistentes a los debates".

La desburocratización y la agilización en la acusación y selección de magistrados es otra deuda del Consejo, aunque se entiende que esto último no es responsabilidad exclusiva del organismo, ya que se comprobó que la principal causa de demora de los nombramientos radica en una omisión del Ejecutivo, que tiene más de 80 ternas para designar jueces y no lo hace.

Finalmente respecto a las denuncias contra magistrados, la Comisión de Disciplina y Acusación realizó 184 dictámenes, pronunciando sólo 3 sanciones o apercibimientos.

Poder Ciudadano viene realizando este tipo de monitoreos desde 1998, encontrando año tras año las mismas dificultades en las demoras en los dictámenes, en la falta de deliberación para la toma de decisiones y en la necesidad de reglamentar sanciones para los consejeros que no impulsen medidas en los expedientes que se les asignen, entre otras observaciones.

“El funcionamiento del Poder Judicial es vital para el ejercicio de los derechos y construcción de una robusta democracia: de allí la importancia de que la ciudadanía mantenga una mirada atenta sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura a fin de evitar que su funcionamiento responda a intereses ajenos a los definidos en la Constitución, las leyes, y las normas que rigen las acciones de la institución”, concluye el informe.

La reforma del Consejo impulsada vehementemente por el kirchnerismo había cosechado críticas desde varis sectores. Ong´s, políticos opositores, académicos, abogados y jueces no vieron con buenos ojos el cambio ya que, en nombre de algunos objetivos de eficiencia, se redujo la participación de los abogados y de las minorías parlamentarias en la composición del organismo.

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