La empresa de servicios fue responsabilizada por ser la “dueña de la obra” y por lo tanto debía controlarla. Por su parte, el Gobierno es el “contralor de construcciones y obras” por lo que tiene responsabilidad por los accidentes que se produzcan por las roturas de las veredas.
Por eso, ambos demandados deberán pagarle 26 mil pesos a una mujer de 55 años que tropezó con un pozo en la calle Doblas al 300, en el barrio de Caballito, producto de refacciones que allí realizó Edesur.
Los magistrados señalaron que “en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires las empresas prestatarias de servicios públicos tendrán la responsabilidad de proceder a la reconstrucción o reparación de la vía pública, en los casos en que hayan efectuado roturas con motivo de sus obras de extensión, renovación, conexión o reparación de sus instalaciones”.
La empresa sostuvo que las refacciones las realizó una firma que contrató para ese fin y que por lo tanto esa compañía debe responder por el accidente. Pero los camaristas sostuvieron que “cuando el accidente se produce a raíz de la deficiente señalización y cobertura de un pozo en la vía pública, donde se lleva a cabo el trabajo de instalaciones eléctricas, resulta responsable en los daños causados a terceros la empresa de electricidad, por ser la dueña de la obra, obteniendo de ella un provecho económico”.
Edesur también culpó a la víctima. Dijo que la mujer caminaba distraída por una zona que transitaba todos los días con el agravante de su edad. “Con el descabellado criterio que se propicia, se llegaría a la insólita conclusión de que los ciudadanos con dificultades físicas para transitar, deberían tener vedado el tránsito por las calles de la Ciudad”, criticaron los jueces. También sostuvieron que esas circunstancias no eximen a la empresa de cumplir su obligación de reparar las veredas.
Los jueces señalaron que Edesur “debió dejar la acera en perfectas condiciones de transitabilidad una vez efectuadas las reparaciones o cuanto menos colocar señales claras para advertir a los peatones del inminente peligro”.
No menos responsable es el Gobierno porteño. En este caso, se trata del fiscalizador de las obras y el guardián del espacio público de la ciudad. Por eso, “correspondía fiscalizar el correcto arreglo de la vereda en cuestión, ya que una deficiente señalización o terminación de aquéllas le imponía la obligación de intimar a la empresa de servicios públicos a efectuar correctamente dicha tarea o a realizarla por sus propios medios, para evitar que se convierta en una fuente de peligro para terceros”.