De acuerdo al texto de esta nueva denuncia, se imputa a los dirigentes y asesores de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y CONINAGRO, como autores directos, y como partícipes necesarios a todos aquellos que “han efectivizado la conducta que imposibilita y obstaculiza el ejercicio de los poderes del Gobierno Federal”.
Para los denunciantes, la modalidad de protesta que está llevando adelante el campo afecta no solo el tránsito por las rutas nacionales y provinciales, sino también “el normal abastecimiento alimentario del pueblo, generando un encarecimiento artificial de todos los productos, alimentarios o no, con grave afectación a los conjuntos de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales”.
La presentación enmarca los hechos cuestionados en el punto 2 inciso a) del artículo 149 ter del Código Penal, que prevé prisión o reclusión de cinco a diez años al que usara amenazas con el propósito de obtener “alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.
“Es totalmente inadmisible que un poder económico –en el caso, el que representan y ejercen las cámaras de productores agropecuarios-, se arrogue la autoridad para cortar las rutas nacionales y provinciales, entorpeciendo o impidiendo totalmente el tránsito por las mismas, por períodos prolongados e indeterminables”, sostiene la denuncia, que considera que con los cortes se están creando “nuevas aduanas”.
Además, se pide la intervención del Estado para poner fin a la situación y se remarca que este tipo de protestas “es ejercitado por quienes son las víctimas de la exclusión y marginación social forzadas, sobre ellos recae de inmediato el ejercicio del aparato de fuerza estatal, provocando la liberación inmediata y muchas veces violenta de las rutas, con muertos y lesionados”.