La modificación del sistema acusatorio por el inquisitivo es un suceso que se produjo a nivel mundial. En nuestro país, la mayoría de las provincias paulatinamente comenzaron a orientarse a este sistema, que prevé una división en las tareas de investigación y juzgamiento.
Los beneficios del mismo se materializan en la simplificación y dinamismo de la actividad investigativa judicial, que estaría a cargo del Ministerio Público Fiscal. Allí se prioriza la recolección en forma ágil e informal de todos aquellos elementos que le permitan fundar su requerimiento, para encontrar una “sospecha suficiente” del involucramiento del acusado en el hecho.
En virtud de su regulación en una gran cantidad de zonas de nuestro país, fiscales provinciales y de la Capital Federal acordaron en un encuentro impulsar la instrumentación en todo el territorio del sistema acusatorio. El apoyo a esta forma de administración de Justicia fue determinado por el Consejo Federal de Política Criminal, presidido por la procuradora general de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo.
La funcionaria afirmó en el encuentro que "el único sistema constitucional y que respeta los pactos internacionales a los que adhiere la Argentina, es el acusatorio. No sólo impulsamos que se fortalezca en las provincias donde está vigente, sino que se implemente donde aún rige un sistema inquisitorio o mixto".
A su vez, se determinó que se debía reafirmar la autonomía del Ministerio Público respecto de todos los poderes del Estado como cuestión de máxima trascendencia institucional, además de acompañar los procesos de reformas legales e institucionales en la materia que permitan concretar transformaciones contenidas en nuevas leyes.
En la reunión también participó la fiscal general de Política Criminal de la Nación, Mary Belfo, y fiscales de las provincias de Salta, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa, Formosa y Corrientes.
El sistema acusatorio pleno está vigente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chubut y se encuentra aprobado en otras, aunque aún no se ha implementado. En cambio en la Capital Federal y otras localidades se utiliza un sistema mixto.
En la provincia de Chubut, el nuevo Código entró en vigencia el 1 de noviembre del 2006, luego de que la Legislatura aprobara la reforma consensuada entre los tres poderes provinciales, con el objetivo de “robustecer un modelo de enjuiciamiento penal predominantemente acusatorio y acortar los términos procesales de manera que se arribe, en el menor tiempo posible, a la etapa del juicio oral y público permitiendo alcanzar un veredicto de culpabilidad o inocencia”.
Precisamente entre las reformas realizadas, se destacó el traspaso de un sistema mixto a uno acusatorio donde la investigación de los delitos pasó a manos de los fiscales. También se incorporó el principio de oportunidad y los tribunales mixtos y los juicios por jurados, aunque no todas estas medidas se implementaron porque no fueron reglamentadas.
Neuquén, por su parte, elaboró hace un año un proyecto de reforma del Código Procesal Penal cuya idea principal era reforzar el rol del fiscal en el proceso de investigación penal y crear la figura del Juez de Garantías. Además, se contempló la reducción del expediente en papel y la introducción del Juicio por Jurados.
En Corrientes, los ministros del Superior Tribunal de la Provincia, les pidieron a los legisladores que avancen en el tratamiento y la aprobación de un proyecto presentado en 2004. La iniciativa busca instaurar un sistema penal acusatorio y dejar la etapa investigativa en manos del fiscal, entre otras propuestas.
A nivel nacional el Jurado de Enjuiciamiento recientemente modificó su reglamento para ajustarlo a un sistema más acusatorio, de manera que a partir de ahora, el debate lo abrirán las partes con la exposición de los hechos ante los jueces. En el viejo sistema eso ocurría con la lectura de los escritos de la acusación y de la defensa.
El ministro de la Corte Suprema, Raul Zaffaroni, expresó en una conferencia en la Universidad Nacional de Catamarca a fines de abril, que implementar un Código Procesal Penal cuesta dinero y, si no hay plata, la reforma procesal fracasa. “Si no hay dinero pasa lo que con el Código Jofré y lo que está sucediendo en la Provincia de Buenos Aires: la investigación se delega en la Policía, con lo cual habremos sancionado un Código inspirado en la filosofía acusatoria, pero, en la práctica, funcionará de la manera más inquisitoria que fuera imaginable. Si vamos a introducir el sistema acusatorio, lo hagamos bien, cumplamos la Constitución y pongamos el jurado popular.”
También en esa oportunidad destacó que “pasar de un proceso penal mixto e inquisitorio a un proceso penal acusatorio, no es una cuestión solo de códigos y de presupuesto, hay que cambiar el entrenamiento del personal y de los jueces. Es un cambio cultural que requiere tiempo, entrenamiento, cambiar la cabeza de las personas. Estas son las grandes dificultades para instrumentar un verdadero acusatorio.”
Recientemente el juez jujeño José Luis Cardero que se encuentra cumpliendo una pasantía en Estados Unidos, se refirió al sistema allí aplicado y afirmó que en “la Provincia de Jujuy se está tratando la reforma al Código Procesal Penal, esto creo que resulta remarcable porque siguiendo la nueva doctrina de Argentina, el sistema penal se está moviendo del péndulo del inquisitivo al acusatorio, que es el sistema penal que usa Estados Unidos... Es bueno recoger ideas que resultan innovadoras para movilizar a nuestros legisladores en pos de instituciones más democráticas y que se adapten a los tiempos difíciles que estamos viviendo”.