Tras el fuerte respaldo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo, el ministro de Justicia Aníbal Fernández anunció este miércoles que el proyecto oficial en ese sentido va a estar listo para antes de fin de año. Por ello, Diario Judicial.com habló con el juez Roberto Falcone, que integra la comisión que trabaja en la redacción de la iniciativa, y pudo conocer detalles de la misma.
En primer lugar, el magistrado marplatense confirmó las palabras del ministro y dijo que el proyecto “está muy avanzado” y que se han logrado los consensos necesarios dentro de la comisión sobre las cuestiones mas importantes. “Estamos en los últimos detalles”, remarcó.
Según explicó Falcone, juez federal de Mar del Plata, la iniciativa del Gobierno tiene como principal objetivo alcanzar una nueva política criminal, “más racional”, que recaiga en la persecución penal del narcotraficante. “La energía va a estar puesta en el castigo del traficante”, indicó el magistrado, que adelantó que va a haber cambios en el Código Penal para penarlos severamente: “Va a haber penas graves a las organizaciones criminales que realizan esa actividad de manera industrial”, sostuvo.
De esta manera, la idea es desplazar de la mira de la persecución penal al consumir y destinar los recursos policiales y judiciales que hoy se abocan a él para frenar la comercialización de drogas. Y en ello está trabajando desde abril pasado el Comité Científico, asesor en materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja, formado por académicos, funcionarios judiciales y juristas.
“No queremos que la herramienta para el adicto sea la pena”, remarcó Falcone, que agregó que “queremos sacar al enfermo del sistema penal e incluirlo en el sistema de salud”. De modo que, en ese sentido, la intención del proyecto es trabajar en programas de asistencia que garanticen la cura del consumidor, como así también en programas de prevención y en otros tendientes a la reducción del daño y los efectos negativos del consumo.
Sin embargo, el juez, al explicar los alcances del proyecto, hizo un fuerte hincapié en una cuestión: aclaró que
la despenalización de la tenencia para consumo personal no significa que el Estado promueva el uso de estupefacientes. “No se considerará licita la conducta de consumo de drogas, se la considerará antijurídica, aunque no punible”, señaló Falcone. Y agregó que si bien el Estado va a dejar de perseguir al consumidor, la Policía va a poder decomisar las drogas cuando las encuentre en poder de una persona en el marco de un operativo o de un control de seguridad, por ejemplo, en el ingreso a un estadio de fútbol.
Por otra parte, el proyecto también prevé castigar a los que hagan proselitismo, instigando al uso de estupefaciente. Mientras que, además, hará una distinción entre las drogas que producen efectos tóxicos graves y las que no, lo que va a influir a la hora de la penalización de sus comerciantes.
Además de Falcone, el Comité Científico asesor en materia de Tráfico Ilícito está integrado por la fiscal Mónica Cuñarro (coordinadora), la psicóloga Eva Giberti, el sociólogo Alberto Calabrese, los camaristas Patricia Llerena y Martín Vázquez Acuña, el camarista bonaerense Marcelo Medina y el juez de la Cámara Federal Horacio Catani.
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