04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

La mala praxis no tiene ni perdedores ni ganadores

Los juicios que se inician contra los médicos abundan en la Argentina como así también los litigios que terminan sin sentencia. La dificultad para comprobar el hecho en cuestión, el tiempo que tarda la investigación y los costos económicos de los estudios que debe afrontar la querella durante el proceso judicial, perjudica al sector sanitario, favorece la estigmatización del profesional y deja con un sabor amargo al damnificado. Sobre esta problemática, opinan abogados especializados.

 
El círculo perverso de la medicina en la Argentina nos convierte en el país donde se llevan a cabo mayor cantidad de juicios por mala praxis. Por un lado, según las estimaciones de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), sobre el 20 por ciento de los profesionales matriculados pesa una demanda por errores en su actividad. Por el otro, tan sólo el 5 por ciento de los casos concluyen con sentencias condenatorias. Por lo tanto, ¿A quién beneficia el sistema legal?.

Los juicios sobre esta materia terminan perjudicando inevitablemente al conjunto de la población puesto que para llegar a su resolución se deben destinar en forma adicional 450 millones anuales al sistema sanitario. El 60 por ciento de los litigios se inician en Capital y Gran Buenos Aires.

El promedio de cada demanda ronda los 360 mil pesos, por lo que no sólo deja indefenso al sector de la medicina sino que también a aquellas personas que ante su desfavorable situación económica no cuentan con los medios para afrontar los pasos necesarios para demostrar su afectación a causa de un error profesional.

“En sede penal la querellante carga con la prueba y el proceso se hace tan costoso que el damnificado no puede ni siquiera presentar pruebas”, dijo el abogado Luis Andreani, especializado en el tema. “La fiscalía no va a presentar todos los medios de pruebas que uno quisiera cuando se trata de daños leves en comparación a causa gravísimas. A veces toman en cuenta algunos parámetros y no sobrevaloran los que piensa la víctima”, agregó.

La financiación de los estudios que se necesitan hacer dentro de los procesos, como por ejemplo, el traslado de un cadáver ,como así también su exhumación , representan un impedimento para muchas familias como por ejemplo la de un joven de 26 años riojano que falleció por una infección de la cicatriz que le quedó tras la operación de un apéndice. “No se pudo hacer la autopsia legal porque era costoso llevarlo de una provincia a la y no lo trasladaron. Lo único que se cobró fue el seguro de vida”, contó Andreani.

Otro problemática que se visualiza es la dificultad de comprobar el hecho por el cual se presenta la demanda y se hace casi imposible abordar a la verdad de la cuestión. Para algunos letrados, el hecho de que el sistema ampara a los médicos es uno de los factores. “La cadena de mandos hace dificultosa la llegada hacia el médico” que debe responder por la demanda- afirmó Andreani - parece que formaran una hermandad entre ellos para no involucrarse mutuamente”.

El abogado Darío Liurgo, sobre la misma línea de pensamiento, ratificó las declaraciones de su colega: “Al no saber nada sobre la materia nos vemos obligados a apoyarnos en la palabra decisiva de un médico legista que opina sobre otro médico y a veces parecería que no pueden eludir el espíritu corporativo. Es un colega que opina de otro colega”.

Para el letrado Patricio Ascencio Vives, los procesos judiciales “son tan largos, llenos de obstáculos y formalismos que llega un punto donde nadie gana y es un sinsabor. El demandado no gana porque es un antecedente negativo, y lo afecta ya que le tocan su profesión y por el otro lado, el paciente tampoco se ve victorioso porque el daño está hecho”.

“Mientras que dura el proceso, el médico queda marcado y queda estigmatizado. Además termina viendo al paciente como posible enemigo porque el hecho prescribe recién a los 10 años”, aseguró el defensor Jorge Monastersky. “La fecha para juicio oral se establece para realizarlo al año siguiente y sumado a dos años de investigación, es un tiempo en el que el profesional debe esperar a que se resuelva su situación y eso en definitiva, termina afectando a la buena medicina”, señaló.

Las demandas presentadas por mala praxis suelen referirse a hechos cometidos conforme a lo que establece el artículo 907 del Código Civil: “Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona y bienes, sólo se responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del hecho (…) Los jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima”.

En sede penal, existen varios puntos desde los cuales se presentan las denuncias. Algunos de ellos, se inician en relación a lo que determinan los artículos sobre lesiones que van del 89 al 94 del Código Penal.

“Se utiliza la figura penal para presionar a los médicos y llegar a un acuerdo económico. En algunos casos, el abogado al asegurarle altas probabilidades de no llegar a una condena, el demandado prefiere llegar a este tipo de mediaciones y eso produce que se vuelve perverso el sistema”, expresó Monastersky.

A esta cuestión, Ascencio Vives contó que “los montos a los que se llega representan una pequeña suma ya que a veces se arregla sin medir las secuelas futuras. El cliente también accede porque cree que no las va a tener y hasta parecería que es un favor para el afectado”.

Que Argentina sea el hogar de la mayor cantidad de litigios por mala praxis no es causalidad. “Se ha industrializado este tipo de juicios por mala praxis, hay una serie de abogados inescrupulosos que terminan iniciando demandas contra médicos y/o clínicas, que aumenta los costos de la medicina y por ende también al propio paciente, cuando la mayoría de las sentencias no llegan a ser condenatorias” - disparó Monastersy – hay que ser muy cauteloso porque debe haber una diagnóstico de un médico legista para ver si hay una falta del control del acto médico”.

La estética que deforma

Los centros de belleza y los consultorios médicos parecería que se disfrazaran de quirófano a la hora de favorecer la imagen exterior del cuerpo y escapan a los procedimientos que se deben llevar a cabo para garantizarle al paciente un desenlace favorable.

“Generalmente, la prueba en los casos de estética se relacionan mucho con procedimientos que comienzan en lugares seguros y se terminan haciendo en consultorios médicos donde no hay monitoreo y si hay una complicación, el lugar no esta preparado como una terapia intensiva”, expresó Monastersky.

“Si no le mandan un informe de riesgo quirúrgico en la persona o no van monitoreando el corazón durante la intervención, si habría responsabilidad médica”, agregó el abogado y resaltó que “los pacientes deben tener cuidado cuando los centros de estética dicen que hacen una liposucción por 1500 o 2000 pesos porque esos montos son imposibles como para de tomar las medidas necesarias: quirófano, médico anestesiólogo, ayudantes y un cardiólogo”.



leila daniel / dju
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