En el marco de la medida cautelar solicitada, la magistrada entendió que se configuraban en la especie los requisitos legales previstos por el Código Procesal, y que sin que esto importe adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión propuesta, adelantó que del análisis efectuado por la actora y documentación acompañada, “resulta la verosimilitud del derecho invocado en los términos que para la presente cautelar se requiere, esto es, de posibilidad razonable de que el derecho exista.”
Explicó en la resolución que ello se encontraba acreditado, “en virtud de la propiedad que ostenta el accionante sobre su cuenta de capitalización individual, derecho de raigambre constitucional reconocido por el art. 82 y concordantes de la ley 24.241, y el peligro en la demora atento la elevación, por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, del Proyecto de Ley N° 1732 que propicia la eliminación del actual régimen de capitalización.”
En razón de ello, ordenó a “Orígenes A.F.J.P.” que proceda a efectivizar la indisponibilidad de la suma de $ 6.551, sobre la Cuenta de Capitalización Individual de Titularidad del actor, importe al cual ascendería el saldo excedente de que podría disponer el mismo, hasta tanto recaiga sentencia firme en la causa.
Esta decisión, tiene similares características a la dictada recientemente en Estados Unidos, donde un magistrado hizo lugar a un pedido de tenedores de bonos y bloqueó la acción de transferir desde dicho país, inversiones sostenidas por los fondos de pensión.
Consecuentemente, el juez federal de Nueva York bloqueó la acción de Argentina de transferir desde los Estados Unidos inversiones sostenidas por los fondos de pensión, dando lugar a un pedido de los tenedores de bonos por 553 millones de dólares, aunque luego esa suma se incrementó al trabarse un segundo embargo por el mismo magistrado.
Con este pronunciamiento, se concretó el congelamiento temporal de las inversiones, por lo que luego de esta decisión, la Corte Federal de Manhattan programó una audiencia para el 6 de noviembre en la que se decidirá si se extiende el congelamiento de fondos.