Por eso, mediante la acordada Nº 22.004, la Corte de Mendoza dispuso que los Magistrados, titulares del Ministerio Público, Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial, Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, Directores, Jefes de Departamento y Oficinas, “comisionen la cantidad de empleados que sean necesarios para la atención de los asuntos que no admitan demoras y de las audiencias que deban celebrarse durante los días de paro”. Para ello, se notificará “fehacientemente” a los empleados comisionados de su designación.
Al respecto, los jueces de la Suprema Corte provincial autorizaron a funcionarios y magistrados “a aplicar sanciones a los empleados que no concurran a cumplir las comisiones mencionadas o se nieguen a desarrollar las tareas asignadas”.
Por otra parte, suspendieron “mientras persistan las medidas de acción directa”, el otorgamiento de licencias a magistrados y funcionarios, “salvo casos de enfermedad o impedimentos de acreditada gravedad”.
En la resolución, el Máximo Tribunal además le solicitó al Poder Legislativo “su intervención en la solución del conflicto salarial del Personal del Poder Judicial, mediante las acciones necesarias ante el Poder Ejecutivo”.
“Es de esperar que las exhortaciones formuladas sean debidamente escuchadas y cumplidas, más allá de los reclamos salariales que sus integrantes requieren, que exceden las facultades institucionales del Superior Tribunal, y la predisposición puesta al reasignar sus partidas presupuestarias para colaborar con la superación del conflicto”, resaltaron los integrantes de la Suprema Corte.
El agravamiento del conflicto y los cruces entre el Poder Judicial y el gremio fue notorio especialmente luego del 3 y 4 de junio pasado en que los trabajadores realizaron un paro de actividades que “han afectado sensiblemente la prestación del servicio de justicia”. Se trata de medidas que se suman a las ya realizadas por los trabajadores nucleados en el sindicato desde el año pasado.