Ante este panorama, el STJ le dio al gobernador, Arturo Colombi, y al ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde, a que en 30 días a que “elaboren una planificación completa y adecuada para descomprimir el hacinamiento carcelario en toda la Provincia, por medio de las construcciones que sean necesarias, de acuerdo a un relevamiento y diagnóstico serio y puntual de la grave situación existente, bajo apercibimiento de hacerlos responsables ante la falta de cumplimiento de sus obligaciones”.
En diciembre pasado, el Máximo Tribunal dictó una acordada en la que ordenó al Poder Ejecutivo a que tomen medidas para mejorar las condiciones de detención y el hacinamiento en las cárceles de la provincia y a que cada 20 días informen las medidas tomadas.
Sin embargo, ante la falta de respuestas el STJ dispuso a mediados de abril intimar al Gobierno a que en 15 días informe si cumplió con la acordada.
El Gobierno informó de las obras realizadas pero las mejoras no colmaron las expectativas de los jueces. “En lo que hace a las medidas que deben ser implementadas de inmediato y sin dilación alguna, de lo informado sólo se aprecia la ejecución de trabajos de escasa significación, lo que no constituye el cumplimiento de lo requerido”, dijo el STJ.
La resolución del Tribunal, a la que accedió Diariojudicial.com, sostiene que la reparación de las instalaciones eléctricas no comenzaron por la falta de compra de materiales; sobre descomprimir pabellones de la Unidad 1 y la construcción de un nuevo complejo “se ha omitido en el informe toda alusión a esa cuestión” y solo se informó sobre la situación de la Granja de Menores y la entrega de materiales a la Granja Yayay y trabajos en la Unidad 6.
“Y si bien este Superior Tribunal es conciente de que todas las obras necesarias no pueden ser de inmediata realización, tampoco existen referencias de ampliación y construcción de nuevas cárceles, lo que es imprescindible para aliviar la congestión carcelaria en el mediano y largo plazo”, entendieron los jueces.
“En definitiva, se advierte un desinterés y poca disposición de solucionar los problemas apuntados, pretendiendo que con un informe insuficiente el Superior Tribunal se dé por satisfecho”, concluyeron.
Además, de intimar al Poder Ejecutivo a que en 30 días haga un informe completo para descomprimir el hacinamiento, el STJ también ordenó a que en 10 días se repare la instalación eléctrica de los lugares de detención.