La ley en su artículo 12 establece, además de la comisión bicameral encargada de la supervisión, la creación de este consejo en el ámbito de la Anses, con miras al monitoreo de los recursos. No obstante, desde que se promulgó la ley en diciembre, y hasta que Amado Boudou no fue designado Ministro de Economía, el Poder Ejecutivo no había designado a los integrantes del Consejo. Incluso, en abril de este año, algunos diputados habían elevado pedidos de informes para que se expliquen las razones por las cuales no se había cumplido con la designación.
Este martes, mediante el decreto 926/2009 rubricado por la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, se designó a Juan José Zanola y Leandro Fabre en representación de la CGT; a Marcelo Venecia y Carlos Recke en el órgano consultivo de jubilados y pensionados. Mientras que por CAME el representante será Osvaldo Cornide.
En cuanto a los representantes legislativos, por el Senado de la Nación, el designado fue el senador Eric Calcagno y por diputados Juan Carlos Díaz Roig. Además, por parte de la Jefatura de Gabinete, José Gaincerain fue elegido y por parte de la Anses Pablo Fontdevila.
El decreto establece también que la Anses estará facultada para designar, remover y reemplazar a los miembros del referido Consejo. Al mismo tiempo se instruye al director del organismo a que en el plazo de 10 días hábiles convoque a la primera reunión del Consejo.
El monitoreo de recursos al que hace referencia la normativa en cuanto a las funciones del Consejo pueden clarificarse con la mención del decreto 2103/2008 que modifica un decreto anterior del 2007. Allí se especifican las funciones del Consejo, entre las cuales se encuentran, además de dictar un reglamento interno, reunir la información normativa y de gestión atinente al régimen de inversiones y administración del Fondo y brindar a la sociedad relativa al estado del Fondo y su evolución. Para lo cual deberá semestralmente recabar información de la Anses respecto de la actividad administrativa del Fondo que le permita un cabal conocimiento del estado de situación.
Solo resta designar a cuatro miembros más, uno de las organizaciones de trabajadores, uno de los dos representantes de la cámaras empresariales y los dos representantes de las entidades bancarias más importantes.
La ley que traspasó a los 9.5 millones de afiliados al sistema publico, permitió que con la absorción de esos aportes la Anses reciba 15 mil millones de pesos en aportes extra, además de los casi 80 mil millones de pesos que administraban las AFJP.