La audiencia se realizará a las 9 en el Salón Auditorio del Área de Desarrollo de Recursos Humanos y el Máximo Tribunal invitó al gobernador, Arturo Colombi, y al ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde. Por parte del Poder Judicial fueron citados el fiscal General de la Provincia, César Sotelo, las jueces de Menores Rosa Esquivel Iglesia e Irma Domínguez, y la magistrada de Ejecución de Condena, María Teresa Zacarias.
También se convocó a “Amicus Curiae” (amigos del tribunal) que podrán presentar sus inquietudes por escrito pero no tendrán voz en la audiencia.
“Esta audiencia pública –que posee carácter informativo- pretende avanzar en la búsqueda de alternativas que contribuyan a mejorar la problemática carcelaria y brindar condiciones dignas a los individuos privados de su libertad”, explicó el Máximo Tribunal a través de un comunicado.
A través de una serie de resoluciones que comenzó a dictar en diciembre del año pasado, el STJ le ordenó al Gobierno que elabore y lleva a la práctica un plan para mejorar las condiciones de detención en las cárceles de la provincia. Sin embargo, la medida fue cumplida parcialmente y el Máximo Tribunal intimó a que cumpla con las resoluciones.
A principios de junio, el tribunal criticó duramente la situación carcelaria. “En definitiva, se advierte un desinterés y poca disposición de solucionar los problemas apuntados, pretendiendo que con un informe insuficiente el Superior Tribunal se dé por satisfecho”, dijeron los ministros
Pero también fueron contra las respuestas dadas por el Gobierno. “En lo que hace a las medidas que deben ser implementadas de inmediato y sin dilación alguna, de lo informado sólo se aprecia la ejecución de trabajos de escasa significación, lo que no constituye el cumplimiento de lo requerido”, apuntó el STJ.
“Los Ministros coincidieron en que si bien no es resorte de ese Cuerpo evaluar la oportunidad, mérito o conveniencia de los medidas políticas adoptadas por la administración estatal, ni poner en discusión su política penitenciaria y menos aún su política criminal –salvo en las respectivas causas judiciales- como órgano del gobierno el Poder Judicial debe fijar pautas y estándares jurídicos mínimos a partir de los que se elaboren las políticas carcelarias de la provincia”, agregó el comunicado.