Aunque nadie duda de la celeridad que ofreció a los procesos judiciales, algunos abogados plantean que más allá de los modos alternativos de resolución de conflictos, es necesaria la apertura de más juzgados para hacer más eficiente a la Justicia.
También existe un fuerte cuestionamiento a la formación de algunos mediadores y hay una pelea declarada por la incursión de otras profesiones en ámbitos judiciales tales como la mediación. Recientemente abogados y contadores discutieron sobre quién estaba habilitado para ejercer la administración de consorcios.
En ese sentido, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal denunció que la conducta de los contadores era una clara violación a la ley 24.573. Esa norma establece, en su artículo 16, que “para ser mediador será necesario poseer título de abogado y adquirir la capacitación requerida y restantes exigencias que se establezcan reglamentariamente”.
Algunos letrados tienen en cuenta que aunque los métodos de resolución alternativa de conflictos tienen como positivo una reducción de la litigiosidad, también implican restar fuentes de trabajo a los abogados.
Para hablar sobre el tema, DiarioJudicial.com consultó a Damián Font, secretario letrado de la ministra de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton, una impulsora de los métodos alternativos de resolución de conflictos.
Consultado con respecto a los principales beneficios de la mediación, Font ponderó la “disminución de los costos judiciales” y el “menor ingreso de expedientes”. Agregó que muchas veces se logra “mayor satisfacción de los justiciables”, pues existe la sensación de que “ellos mismos solucionan su problema”.
Además se refirió a otras formas de resolución alternativa de conflictos como el arbitraje, que según él, se usa a nivel privado pero pocos jueces lo tienen en cuenta. Otro sistema más trabajado es la conciliación, tanto en el ámbito laboral como en el civil.
El abogado penalista Julio Golodny destacó dos aspectos centrales de la mediación: la “inmediatez” y la “rapidez”. “Por lo que llevo visto el resultado es satisfactorio”, dijo. También hizo hincapié en el “menor costo” de las mediaciones.
Golodny se refirió a la formación de los mediadores y enfatizó: “No me parece que su calidad sea buena a nivel público, sí a nivel privado”. Y atribuyó el motivo a “las diferencias de los ingresos”. En ese tema, Font fue más cauto y señalo que la capacitación de los mediadores “en principio es buena”.
Ante la consulta sobre si la mediación resultó como resolución alternativa de conflictos, Golodny sostuvo: “Si, es válida”. “(Es bueno) cuando en un conflicto una persona logra que las otras se escuchen”, reflexionó y subrayó que “los procesos penales (también) tendrían que sujetarse a la voluntad de las partes”.
El letrado criticó así a la ley 24.573, que en su artículo 2º establece que la mediación obligatoria no será de de aplicación en las causas penales. Una excepción a esta regla es la provincia de Buenos Aires, que en 2006 sancionó la ley 13.951.
Además, Golodny se pronunció por inaugurar más juzgados pues eso implicaría “quitarle a los juicios la duración”. Para criticar el statu quo en relación con la apertura de juzgados, señaló, a modo de ejemplo, que en el fuero comercial desde hace 40 años hay 26 juzgados de 1º instancia, ni uno más ni uno menos.
Por su parte, Font se refirió al mapa de acceso a la justicia, presentado en abril pasado por la ministra Highton y señaló que se obtuvo una “positiva” respuesta por parte de las provincias. “En aquellas localidades que no habían hecho nada (en ese sentido) surgió la preocupación de hacer algo”.
Durante la presentación, Highton había enumerado tres etapas con respecto al mapa: la de confección, la de comparación y conocimiento y de fijación de políticas generales. Font indicó que el proyecto está atravesando la segunda etapa y afirmó que a partir de la presentación del mapa creció el intercambio de información entre las provincias y mencionó los proyectos de algunas jurisdicciones (no dijo cuáles) de incorporar para las causas contra el Estado la mediación obligatoria e incluso de cambiar la voluntariedad por la obligatoriedad.
Sin embargo, enfatizó que en este sentido, la Corte no puede fijar la obligatoriedad de la mediación a nivel nacional porque “no nos podemos inmiscuir en las provincias”.