La Corte Suprema le ordenó a la justicia federal de Santa Cruz que investigue al gobernador de esa provincia y dispuso “hacer efectivo el apercibimiento” en su contra porque no reincorporó a su cargo al ex Procurador Eduardo Sosa. La Corte además pidió la intervención del Congreso. En diálogo con DiarioJudicial.com, Sosa calificó al fallo de “auspicioso” y manifestó su voluntad de regresar a su puesto.
Por tercera vez en doce meses, la Corte Suprema dictó una resolución en la causa del ex Procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa. En esta oportunidad, dispuso “hacer efectivo el apercibimiento” al gobernador Daniel Peralta y ordenó a la justicia federal que lo investigue por la posible comisión de un delito de acción pública. Asimismo, el Máximo Tribunal ordenó que la sentencia sea notificada a Diputados y al Senado para que ambas cámaras tomen “las medidas que considere[n] pertinentes”.
En la sentencia de este martes, suscripta por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, la Corte recordó que ya había dictado fallos el 20 de octubre y el 10 de noviembre del año pasado. En la primera sentencia, el Máximo Tribunal anuló un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y ordenó a Peralta reponer a Sosa al cargo de Agente Fiscal en un plazo de 30 días.
La segunda sentencia, dictada 21 días después, rechazó los planteos del gobernador Peralta, que había pedido una aclaratoria, y del actual Agente Fiscal Claudio Espinosa. El Máximo Tribunal cuestionó que el 21 de diciembre del año pasado, mediante un decreto (Nº 3026), el gobernador requirió a la Legislatura el “desdoblamiento del cargo de Agente Fiscal” en dos: uno que tuviera competencia en materia civil, comercial y laboral (que se le propuso a Sosa) y el segundo con competencia en materia contencioso administrativa, superintendencia, electoral, criminal, correccional, de menores y de minería.
En diálogo telefónico con DiarioJudicial.com desde Río Gallegos, donde aún vive, el ex Procurador Sosa dijo que con el decreto 3026 “se desobedeció el fallo de la Corte” y sostuvo que la sentencia dictada este martes “es muy auspiciosa porque hace valer la autoridad” del Máximo Tribunal.
Mediante la sentencia, la Corte ordenó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que interviniera para investigar “la posible comisión de un delito de acción pública”. Los juzgados federales las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut tienen como instancia de apelación aquella Cámara, que está presidida por Aldo Suárez y la completan Javier Leal De Ibarra y Hebe Corchuelo de Huberman. En tanto, el único juzgado federal de Río Gallegos está a cargo de Gerardo Caamaño.
El Máximo Tribunal consideró que “a la fecha, y no obstante el tiempo transcurrido, la situación de incumplimiento se mantiene, por lo que la omisión en que han incurrido las autoridades provinciales configura un desconocimiento inadmisible de sentencias de esta Corte” y, renglón seguido, señaló que “corresponde al Congreso nacional asegurar, proteger y vigilar la integridad, autonomía y la subsistencia de las provincias, dentro de la unidad coherente del estado federal al que pertenecen”.
“En ese sentido –continuaron los jueces supremos-, el incumplimiento por parte de la provincia de Santa Cruz de una sentencia dictada por la Corte (…) constituye un desconocimiento del principio de división de poderes que las provincias se han comprometido a garantizar, a la par que afecta la relación de subordinación propia del federalismo al que deben sujetarse todas las provincias argentinas (…)”.
“[En este fallo] la Corte dice que se subvirtió el orden constitucional y le hace tomar conocimiento al Congreso”, sostuvo Sosa ante la consulta de este diario y pidió que el Máximo Tribunal no quedara “desairado”. Confió en su deseo de volver al cargo del que fue apartado en 1995 y sobre los pasos a seguir, adelantó: “Por lo visto Peralta va a seguir en este camino, entonces hay que poner atención en qué dice el Congreso”.