José Sbattella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), salió a mostrar su apoyo a la Ley de Lavado de Activos, y aseguró que "la lucha" contra esta problemática "se ha asumido como una política de Estado". Pero por otra parte, si se aprueba la medida en Senado, la UIF ya no podrá actuar como querella, uno de los puntos clave.
"El proyecto no sólo cumple con el objetivo de tipificar el lavado en forma autónoma sino que jerarquiza a la Unidad de Información Financiera (UIF) y, consecuentemente, a todo el sistema antilavado", expresó José Sbattella, titular de ese organismo, que se mostró muy optimista frente a la resolución que tuvo el tratamiento del proyecto de Ley en la Cámara Baja.
Sin embargo, esta iniciativa sugirió para él una desventaja, ya que el ente que maneja no podrá actuar más como querellante.
"Lo que lamento es que la discusión sobre la facultad de la UIF de ser querellante en las causas penales no haya tenido un desenlace favorable; creo que la oposición no ha interpretado lo que eso significa”, expresó el mandatario.
“Desde el rol de querellante, la UIF impulsa las investigaciones, hay muchas medidas que los jueces han ordenado en base a pedidos de la Unidad y no es cierto que se haya utilizado este instrumento políticamente; nunca hemos hecho un uso discrecional de las querellas. Fuera de este punto, el proyecto resulta más que satisfactorio, por el grado de consenso logrado y porque, si finalmente es convertido en ley, permitirá mejorar las investigaciones”, agregó Sbattella.
Actualmente, la UIF está querellando en cinco causas que investigan el lavado de activos. Gracias a ello se consiguió que los jueces encargados de esos procesos dicten medidas cautelares que condujeron a decomizaciones, embargos y congelamiento de fondos. Pero mediante los cambios en la Ley 25.246 el organismo ya no podrá ejercer ese rol.
De todas formas, Sbattella no le quitó importancia al hecho de que la normativa cuente con la media sanción de Diputados. "El proyecto fue verdaderamente consensuado. Se ha asumido la lucha contra el lavado de dinero como una política de Estado. Estamos dando una señal muy fuerte hacia dentro y hacia fuera del país respecto de la decisión de Argentina de observar los estándares internacionales en la materia”, indicó.
A pesar de la gran cantidad de votos a favor que tuvo el proyecto, hubo diputados que hicieron cuestionamientos. Gustavo Ferrari se mostró "preocupado" por la "independencia" que pueda adquirir el organismo ya que considera que con los elementos que le brinda la legislación pueden "perseguir opositores".
Alfonso Prat Gay destacó que la UIF debe ser "financieramente independiente" para lograr la "independencia política".
Oscar Albrieu defendió la medida y opinó que "este tipo de actividad pone en peligro todo el orden económico y financiero de un país, porque produce graves riesgos a la estabilidad".
Concretamente, la modificación de la normativa, además de quitarle la facultad de querellar a la entidad, contempla la tipificación del delito de lavado de activos y pena con prisión de 2 a 10 años a quien intente "limpiar" el dinero proveniente de maniobras ilegales. Esta legislación se aplicara sobre los montos investigados que superen los 200.000 pesos.