"Romano fue cómplice y encubridor del terrorismo de Estado"

Este lunes se dio comienzo al juicio político contra el camarista federal mendocino, suspendido y prófugo en Chile, Otilio Roque Romano. Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, -quien cumple el rol acusador en el jury junto con Carlos Moreno- expresó que Romano “contrarió intencionalmente, deliberada y voluntariamente su obligación de investigar”.

En este sentido, lo acusó de ser “cómplice y encubridor del terrorismo de Estado” puesto que tuvo una “omisión deliberada de investigar” más de cien hechos, siendo así “funcional al plan represivo de la dictadura”. Ordiales, además se lamentó por la actual situación del magistrado, al que calificó como “prófugo de la justicia”. Lo que para el consejero, “agrava la situación” ya que “se sustrae de la acción de la justicia pretendiendo crear un conflicto diplomático”. “Esa indignidad ya merece de por sí sola la destitución” dijo.

La voz de la defensa de Romano estuvo en manos de Estela Fabiana León (acompañada de Diana Cofre) quien sostuvo que su defensa se limitaría a aspectos técnicos y aclaró que “no piensa como él”, en referencia al magistrado prófugo. “No basta coincidir para absolver ni discrepar para destituir”, dijo citando a Eugenio Zaffaroni.

En cuanto a la defensa, argumentó que la resolución que lo envió al jury “no sigue el camino de las denuncias” ya que posee “falta de claridad” y “reiteración de cargos”. “Vicios” que para la defensora muestran dos problemas; la “congruencia” y la “afectación directa de la garantía de defensa”. “Lo que hay que preguntarse es que si es razonable que un juez de la nación que está procesado, siga siendo juez”, culminó.

Luego, uno a uno comenzaron a desfilar los testigos citados para esta primera jornada. Luz Amanda Faingold Casanave, fue la primera en sentarse frente al jury integrado por Marìa Alicia Noli –presidente-y María Susana Najurieta, ambas juezas, los senadores Rolando Bermejo y Emilio Alberto Rached, los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Antonio Sahade.

Allí relató, al igual que lo hizo durante el jury que culminó en la destitución del ex camarista mendocino Luis Francisco Miret, su secuestro y violación, en agosto de 1975 a la edad de 17 años, en el Departamento Central de Policía (conocido como el D2) de Mendoza. Relató que durante los más de treinta años del hecho “pensó que era Miret el que había arruinado su vida” pero al ver una foto de Romano “festejando” con Julio Petra (recientemente procesado) recordó que era una de las personas que la visitó en el D-2.

Romano ingresó en la celda en la que se encontraba Casanave, cuando ella preguntó: “me voy”. “Con cara de desagrado cerró la puerta”, relato la testigo y agregó: “Treinta y cinco años después lo reconocí”.

Luego otros testigos siguieron hablando sobre la actuación del por entonces fiscal. Silvia Ontiveros, quien al momento de ser secuestrada en febrero de 1976, durante el gobierno de Isabel Perón, se encontraba almorzando con su pareja y su hijo de 4 años. Durante 18 días estuvo “en las peores condiciones” y fue “salvajemente” torturada y violada, tal y como lo relató con la voz visiblemente quebrada. Luego estuvo seis años presa en el marco de la causa “Rabanal”.

La mencionada causa se inició en aquellos años contra muchos integrantes de ATE de Mendoza. Los diarios de aquellos años publicaban fotos de los detenidos bajo el título “Detienen a cédula extremista autora de atentados y muerte de un policía”, muchos de ellos detenidos que hoy son testigos en el jury.

“Sé que era el fiscal en el momento de mi detención” dijo Ontiveros sobre Romano, y agregó que “no dio el curso a ninguna de las actuaciones de ese momento”. Concluyendo que “es tan reparador como ciudadana que estos señores tengan defensa, y la posibilidad de estar a cara descubierta”, algo que ella no pudo tener en aquel momento.

Otro tanto explicó Haydee Clorinda Fernández, abogada secuestrada en marzo de 1976 y que presentó durante un tiempo algunos habeas corpus para detenidos, explicó que “la prueba cabal de la infamia es esa causa [Rabanal]” ya que “ellos no intervinieron”. “Tomó declaración indagatoria en el Palacio de Policía”, agregó.

Al mismo punto aludió otro letrado, Héctor Chávez detenido en marzo de 1976, ya que explicó que “el sumario donde a mi me procesan es un escándalo mayor”. Ello puesto que para el testigo “en Mendoza, son los sumarios mismos los que acreditan la violación de normas procesales”.

Durante este primer día de audiencia también se reveló que Antonio Cafiero, no será de la partida puesto que presentó un certificado médico, por lo que la defensa del magistrado prófugo desistió de su testimonio. Al mismo tiempo otros testigo pidieron realizar su testimonio mediante videoconferencia, tal es el caso de Juan Carlos Aguinaga y Jorge Garguir.