El Senado provincial resolvió que el Registro de Deudores Alimentarios y el STJ deberán informar a los legisladores sobre los postulantes a funcionarios judiciales. La medida surgió tras el polémico concurso que ganó el juez Raúl Tomaselli, quien dio curso al embarazo de la nena de 11 años abusada.
En marzo pasado, el Senado entrerriano aprobó el pliego del magistrado Raúl Tomaselli, en medio de una fuerte polémica. Es que fue precisamente ese juez quien rechazó la acción para promover el aborto no punible de una nena de 11 años que fue abusada por un familiar en la localidad de General Campos.
El problema surgió cuando, a pesar de que los legisladores consideraron “intachable” su carrera en el Poder Judicial, se dio a conocer un punto “oscuro” de su vida: el pedido de jury en su contra por no reconocer a un hijo.
Esta situación derivó en que, a partir de ahora, los senadores de Entre Ríos exigirán al Registro de Deudores Alimentarios y al Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial informes acerca del desempeño y deudas de los aspirantes a ser funcionarios judiciales. De esta forma, consignaron, se evitará un problema como el que se suscitó a raíz de la aceptación del pliego debido a que desconocían esta situación.
Es que Tomaselli ejercía su cargo como suplente (hasta que su postulación fue aceptada). Por eso, y como solo el STJ maneja las denuncias contra los magistrados, fiscales y defensores nombrados bajo su órbita, es en ese órgano donde se encuentra esta información de vital importancia.
En este sentido, los senadores aseveraron que “habrá mayor control sobre las personas que asumirán un cargo importante de por vida”.
Los legisladores hicieron hincapié en esta cuestión porque recibieron muchas críticas a raíz del anómalo caso del juez Tomaselli. Es que nunca había ocurrido que el Senado le diera Acuerdo a un funcionario judicial y que el Ejecutivo no dicte el decreto de titularización, como sucedió en este caso. Asimismo, se generó cierto malestar entre los integrantes de la Cámara Alta a raíz de la omisión de parte del STJ de informar acerca de la denuncia.
Por eso algunos salieron al cruce de esta situación. El diputado socialista Lisandro Viale solicitó al Ejecutivo, a través de un proyecto, que se abstenga de avalar la designación de Tomaselli. “Lo actuado por el juez va en contra del Código Penal, de la orientación jurisprudencial del Superior Tribunal de Justicia y de las políticas de salud de la provincia y la Nación en los últimos años”, alegó.
Al respecto, señaló que el STJ de Entre Ríos se manifestó sobre estas cuestiones en 2007, pero el magistrado no se hizo eco de la jurisprudencia mandante, expresando a su vez que “no es necesaria, desde ningún punto de vista, la autorización judicial para hacer el aborto”.
Asimismo, enfatizó que “el gobernador deberá decidir, con la firma o no del decreto, si avala este tipo de conductas. La designación de los jueces es un tema sensible a la calidad institucional del Estado de derecho”.