Los jueces no están preparados

El uso de internet, más allá de sus ventajas en diversos órdenes, genera conflictos a nivel jurídico. Los principales problemas se plantean en torno a la eventual infracción de derechos de propiedad intelectual y a la vulneración del derecho a la intimidad. Las causas contra los sitios Taringa y Cuevana, y los numerosos juicios contra buscadores web, son ejemplos de esta nueva realidad que involucra directamente al Poder Judicial.

Diario Judicial consultó a algunos abogados acerca del tema “propiedad intelectual e internet”, para saber qué opinaban acerca de la capacitación de los jueces para resolver asuntos vinculados con el uso de nuevas tecnologías. Además, los letrados fueron indagados respecto de la aptitud de las leyes argentinas para zanjar estos conflictos y sobre el caso Taringa.

De modo puntual, el Vicepresidente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), Alberto Binder, analizó la situación de la Justicia Penal en torno a los delitos informáticos propiamente dichos y aquellos que se cometen a través de medios informáticos.

Binder indicó que “hay un déficit”, a nivel del Poder Judicial, pero que se vincula, más que con los conocimientos sobre el tema, “con el modo de organización de la persecución penal”, pues cuando se plantean casos que exceden de los tipos normales y habituales “hay altos grados de ineficiencia”. El especialista también remarcó la necesidad de “trabajar más en las nuevas técnicas probatorias”.

Pero, ¿qué opinaron los abogados acerca de la capacitación de los jueces para resolver temas vinculados con el uso de internet?

“No hay una actualización de parte de los jueces”, sostuvo uno de los entrevistados. Por su parte, otro de los letrados manifestó que los jueces no estaban capacitados para abordar ese tipo de temas, “porque no están preparados para abordar otro tipo de cosas mucho más cotidianas”.

A su vez, otro de los abogados consultados señaló que “son temas muy nuevos y se habla mucho de oído”, además “nuestros jueces, salvo raras excepciones, no son los más actualizados”, es más “en temas que ya son viejos no se actualizan y dicen barbaridades en algunos casos”, por lo que “creo que no están capacitados”.

Entre tanto, con relación a la legislación que regula los derechos de propiedad intelectual y su aplicación en casos vinculados al uso de internet, los abogados también opinaron. Uno de ellos sostuvo que “no alcanza” la normativa existente.

Sin embargo, otro de los letrados consultados manifestó que “específicamente podría haber una ley”, pero que “las interpretaciones razonables de lo que hay no deberían estar muy distantes de algo bastante piola”. Otro de ellos afirmó que “con lo que hay alcanza, pero habría que dinamizarlo más a nivel capacitación”.

Finalmente, frente a la pregunta de quién responde por el material que suben los usuarios al sitio de Taringa, en infracción a derechos de propiedad intelectual, uno de los letrados afirmó “el sitio debería tener una responsabilidad objetiva, aunque haya una explicación fáctica de que no pueden realizar el control; el sitio es el que permite que se suba, es el canal”.

Otro de los abogados, sostuvo que el sitio y los usuarios eran responsables, “el que sube el contenido porque tiene que saber qué es lo que está subiendo, y Taringa porque está haciendo un uso comercial de algo que eventualmente puede ser ilícito”.

De todos modos, y más allá de las opiniones de los letrados, Diario Judicial investigó acerca de las ofertas de capacitación que existen, para empleados y funcionarios judiciales, en temas vinculados a la informática y el derecho.
 

Independientemente de los cursos y carreras de posgrado que ofrecen las instituciones universitarias públicas y privadas, algunos Poderes Judiciales cuentan con ofertas propias de capacitación. Tal es el caso de la Justicia de Santa Fe, que este año ofrece un curso anual en el que se abordan cuestiones de de derecho informático y de inserción de nuevas tecnologías en el ámbito judicial.

Sin embargo, la mayoría de las opciones que existen se dirigen a facilitar el uso de herramientas informáticas dentro del ejercicio de la actividad judicial y no a trabajar cuestiones jurídicas relativas a las nuevas tecnologías.

En ese orden, la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación ofrece, dentro del Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados, un Módulo dedicado a la aplicación de la tecnología en la actividad judicial. También cuentan con este tipo de capacitación los Poderes Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Informática para Auxiliares) y Córdoba (dentro del Plan Estratégico de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento 2012).

Otros, como es el caso del Poder Judicial de Santa Cruz, ofrecen la posibilidad de descargar desde el sitio web de la Justicia local tutoriales para aprender a utilizar herramientas tales como procesadores de texto, planillas de cálculo, etc.

Finalmente, es posible señalar que el uso de la tecnología en la gestión judicial, así como el derecho informático propiamente dicho, son abordados –a través de cursos, programas, ponencias, etc.- por varias organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio y mejoramiento de la Administración de Justicia.