Un juez civil santafesino dispuso, a raíz de la presentación del Partido Demócrata Cristiano, que se frene un aborto no punible. La decisión fue tomada en medio de la polémica por una decisión que fue tomada en igual sentido por una magistrada del fuero en la Ciudad de Buenos Aires.
La semana pasada, la noticia de que un aborto no punible era suspendido por una decisión judicial generó una gran repercusión mediática. La magistrada Myriam Rustrán de Estrada había accedido al planteo realizado por una organización civil que se manifiesta en contra del aborto. Pero la Corte Suprema volvió a pronunciarse al respecto y permitió llevar a cabo la acción a la mujer que había sido víctima de una red de trata y que quedó embarazada luego de una violación.
Ahora, un caso de las mismas características se dio en Santa Fe. El precedente que dictó el Máximo Tribunal nacional dejó de respetarse, esta vez, por el juez en lo Civil y Comercial Claudio Bermúdez, quien respondió al pedido del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que presentó un recurso en contra de este procedimiento.
La decisión del magistrado fue tomada pocas horas después de que la Corte Suprema manifestara, nuevamente, que el aborto no punible era ajustado a derecho. Desde el PDC alegaron que "atenta contra la vida humana" y es "inconstitucional".
Al enterarse de la noticia, el ministro de Salud provincial, Miguel Cappiello, aseguró que "vamos a analizar los argumentos del magistrado y evaluaremos la posibilidad de rechazar la medida. En la provincia de Santa Fe tenemos una política para garantizar el derecho a la salud de toda la población, con la misma accesibilidad y equidad en el sistema".
También recordó que el Partido había presentado recursos de este carácter en diversas ocasiones pero que la Justicia de esa provincia nunca había accedido a los pedidos. Por este motivo, enfatizó que "esto ha pasado otras veces y se pudo avanzar con las políticas de salud. Respeto a cada uno en sus ideologías y creencias, pero lo que estamos haciendo no es otra cosa que cumplir la ley".
El PDC buscó que se suspenda la aplicación del protocolo establecido por las autoridades de los ministerios de Justicia y Salud en abril pasado que regula la aplicación del aborto no punible. Considera, entre otras cuestiones, el importante precedente sentado por la Corte Suprema en este sentido.
En esa ocasión, la abogada del partido, Gabriela Quadri, planteó: "Pedimos que se declare inconstitucional porque afecta el derecho a la vida reconocido en tratados constitucionales. Nuestra posición es contra la muerte por aborto y en defensa de toda vida humana".
El titular del PDC, Gerardo Casadei, que también es letrado matriculado, aseguró que el fallo de la Corte era “excesivo”, a la vez que agregó que "no tiene competencia para ordenarles qué hacer a las provincias porque cruza la frontera de la división de poderes".
A su vez, desde la agrupación criticaron que el protocolo "obstaculiza la investigación de las violaciones porque sólo se requiere una declaración jurada de la víctima".