El pleno de la Cámara Alta debatió este miércoles los proyectos acerca de la modificación al Consejo de la Magistratura y la creación de cámaras de Casación. Hubo cruces y se habló, nuevamente, de avasallamiento.
Con el dictamen brindado en el plenario de comisiones llevado a cabo la semana pasada, el pleno del Senado comenzó este martes con la discusión acerca de esas iniciativas que proponen el voto popular de los consejeros de la Magistratura y la creación de una nueva instancia judicial con más cámaras de Casación.
En estos términos, el intercambio generado tuvo fuertes polémicas. Los posicionamientos fueron completamente parciales, e inclusive hubo críticas de parte de legisladores oficialistas. Mientras los bloques de la oposición afirmaron al unísono que no adherirían a las propuestas, el senador por Salta del Frente para la Victoria, Juan Pérez Alsina, manifestó que por ver una imposibilidad en términos de elecciones, no adhería a los cambios propuestos en esos términos para el Consejo de la Magistratura.
La explicación en concreto la brindó Eduardo “Nito” Artaza (UCR): “Creo que es un paso trascendente para la Justicia el debate”, manifestó, pero destacó al mismo tiempo que “sería un caso insólito que elijamos a los representantes de otro, que elijamos a los representantes de los abogados, por ejemplo. Es como si elegir al senador de Río Negro o Corrientes se estableciera que todo el país debe votarlo”.
En estos términos continuó con su explicación y agregó que “los electores de Buenos Aires, por ejemplo, serían los principales electores de esos postulantes y tendrían graves dificultades electorales para acceder a esos votantes”.
Su compañera de bloque, Marta Borello, se refirió furiosamente a la iniciativa y precisó, como ya lo han hecho muchos miembros de la oposición, que estos proyectos constituyen un “verdadero avasallamiento institucional”. Citando al filósofo francés Alexis de Tocqueville, recordó que el concepto de la “dictadura de la mayoría”, en donde el hecho de ser elegido le daba potestad al Estado para tomar decisiones que podían no ser aceptadas por el pueblo.
Por su parte, Marcelo Fuentes (FpV), alegó que en ningún momento la Constitución estipula que los miembros del Consejo de la Magistratura no pueden ser electos a través del voto popular, tratando de rebatir uno de los principales argumentos utilizados por los legisladores que no acompañan la medida en argumentando que el artículo 114 de la Carta Magna no contempla estos cambios.
La norma en cuestión expresa que “el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.
Al mismo tiempo, Fuentes destacó que las posiciones contrarias a esta iniciativa provienen de un temor “a la soberanía política, que es el voto del pueblo”, y consignó que esta situación se da gracias a la labor de los “medios hegemónicos”.
En estos términos, Ernesto Sanz (UCR) replicó que “el oficialismo pretende convencer con la boca mientras que en la práctica, con las manos hacen cosas totalmente diferentes. A esta altura del partido, después de tantos años y de batallas políticas, no estamos con ánimo de aceptar un convite desde la convocatoria de la boca porque estamos hartos, igual que la sociedad argentina”.
En el orden de las opiniones más polémicas, Liliana Negre de Alonso (PJ disidente) afirmó que estas propuestas constituyen un “golpe de Estado constitucional”. También entendió que la reforma pretendida por el Gobierno es “absolutamente irrazonable”. Luis Juez (FAP), agregó a estas expresiones que “de ninguna manera venimos a defender la corporación judicial, sino a los ciudadanos que necesitan Justicia, y no es poniendo una pechera partidaria”.