Pese a cierta resistencia de la oposición y sectores empresariales, los proyectos debatidos en un plenario de comisiones del Senado con relación a la modificación de la Ley de Abastecimiento, la creación de un fuero para reclamos de consumidores y un observatorio de precios obtuvieron dictamen.
“Si esta ley tiene 40 años de vigencia y no evitó la enorme concentración y extranjerización de la economía, los abusos de todo tipo que cometieron durante estos años los grandes grupos económicos concentrados, ¿quién piensa que porque establezcamos un aumento del monto de las multas vamos a resolver los problemas de fondo que hoy tiene la economía argentina que es la inflación, la concentración económica, el estado de desigualdad entre las pequeñas, medianas y grandes empresas?”, se preguntó el presidente de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino.
El ex diputado cuestionó de esta forma el proyecto que prevé cambios normativos en torno a la Ley de Abastecimiento, una iniciativa que fue discutida junto a otras propuestas que iban en igual sentido este miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías, y de Industria y Comercio.
Si bien hubo resistencia de parte de algunos miembros de la oposición y críticas a la iniciativa, se logró el dictamen. Pero también alcanzaron ese status las ideas relativas a la creación de un fuero especial para las relaciones de consumo y de un observatorio de precios, todas medidas resistidas desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras organizaciones patronales.
La iniciativa que crea el fuero especial propone crear nuevos "canales" judiciales en orden a cumplir con el artículo 42 de la Constitución nacional, entendiendo de esta forma que muchas veces se generan retardos en el servicio de Justicia para los casos de estas características. Se plantea al Estado, lógicamente, como garante de la solución entre las partes.
La iniciativa plantea la creación de tres mecanismos para este fin: el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.
Este último punto resulta el más importante de la iniciativa, ya que busca crear ocho juzgados nacionales y federales de primera instancia con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de una cámara de apelaciones con las mismas características. Este fuero entendería en las causas donde los montos no superen el equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles.
En tanto, el COPREC es una instancia de mediación previa a la judicial que los consumidores podrán utilizar de forma gratuita. También tendrá competencia en los conflictos derivados de relaciones de consumo donde los montos sean inferiores a los señalados para el fuero especial.
Por su parte, la Auditoría en las Relaciones de Consumo se ideó para determinar el resarcimiento del consumidor o usuario por el daño sufrido en la relación de consumo, en montos equivalentes a 15 salarios mínimos, vitales y móviles, siempre que no se hubiera llegado a un acuerdo previo a través del COPREC.