El oficialismo con 134 votos, logró sancionar la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial en soledad: los diputados de la oposición se retiraron, haciendo señalamientos sobre la "legalidad" del debate. El nuevo Código entrará en vigencia el 1 de enero de 2016. Qué opiniones se cruzaron entre los integrantes de la Cámara Baja.
Con 134 votos a favor y ninguno en contra, porque la oposición se retiró del recinto, la Cámara de Diputados, sancionó la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El nuevo Código tiene innovaciones en temas como la fertilización asistida, el matrimonio, el divorcio, las uniones convivenciales, las sociedades unipersonales entre otros muchos cambios y está previsto que entre en vigencia a partir del 1ero de enero de 2016.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Cristina Fernández en marzo de 2012 y en noviembre de 2013 tuvo media sanción del Senado. La intención del oficialismo de reflotar el proyecto se conoció apenas después de que Cristina almorzara con el papa Francisco en el Vaticano. La Iglesia había cuestionado varios artículos del proyecto ,como los que regulaban el alquiler de vientres y la determinación del momento que define cuándo comienza la vida, y logró que algunos se modificaron en el Senado.
El nuevo Código Civil –que reemplazará el de Vélez Sarsfield, vigente desde 1869 y lo fusiona con el Código Comercial– tiene 2.671 artículos y está dividido en seis libros.
Este miércoles fue un "día de furia" en el recinto, con una oposición alegando de que la sanción, que ya se venía venir, era ilegal. "Quienes asesoraron para esta reforma son el presidente y vice de la Corte, Llorenzetti y Highton Nolasco, que van a ganar millones con las ediciones de los nuevos tomos del Código Civil". Con esas declaraciones de la diputada Elisa Carrió (FAUNEN) comenzaba este miércoles que tiene como protagonista al debate por la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación.
Debate que, en su mayoría, se dio por fuera del ámbito parlamentario, ya que cuando el oficialismo llegó al quorum los diputados de la oposición ya se habían retirado del recinto, alegando que esta discusión carecía de "legalidad", e imputando al Frente para la Victoria la imposición de su voluntad sin instancias previas.
La oposición alega que el dictamen de la comisión bicameral creada para analizarlo cayó en diciembre de 2013 cuando hubo recambio parlamentario, por lo que a criterio de muchos, el debate debía volver a comisión antes de ser tratado en el recinto.
Diana Conti (FpV) ya había realizado un señalamiento contra este argumento en una opinión vertida en Diario Judicial: "Carrió busca confundir a la gente, porque para este proyecto se creó una Comisión Bicameral integrada por treinta miembros, por diputados y senadores, que a fines del año pasado emitió un dictamen en relación a la propuesta. Este dictamen es el que se aprobó en la Cámara Alta y el mismo que será tratado en la Baja".
Con un discurso encendido, la legisladora del oficialismo volvió a despacharse en contra de las críticas hacia la iniciativa que, remarcó, ya había sido debatida tanto por senadores como diputados y especialistas en la materia: "No impedimos derechos; los ampliamos, los defendemos".
Entre otras cosas, destacó que esta iniciativa puede no conformar a todo el mundo pero, al menos, "es plural". En este sentido remarcó que la reforma le da importancia "a los proyectos de incidencia colectiva, en consonancia con la Constitución".
Pero los cruces con la oposición, como se dijo antes, no fueron dentro del recinto sino por fuera. Los presidentes de cada bloque presentaron una denuncia penal contra las autoridades de la Cámara de Diputados, basándose en los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal de la nación.
La presentación fue llevada a cabo por Mario Negri (UCR), Juan Carlos Zabalza (PS), Dario Giustozzi (Frente Renovador), Victoria Donda (Libres del Sur), Graciela Villata, Federico Pinedo (PRO), Martin Lousteau (Suma +) Carlos Caserio (Unión por Cordoba) y Claudio Lozano (Unidad Popular).
La denuncia expresa que "casi ningún Diputado integró la comisión bicameral que analizó el proyecto y en esas condiciones considerar una norma que contiene todo el derecho privado del país no se compadece con ningún criterio de buena representación popular - lo cierto es que no se puede tratar en la Cámara un proyecto sin dictamen de comisión, salvo sobre tablas con una mayoría especial".
"Decimos que el proyecto con media sanción del Senado carece de despacho de comisión, pues el dictamen que alguna vez tuvo ese tema, caducó en virtud de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 111 del Reglamento de la Cámara. Tal párrafo establece que aún los despachos de que se haya dado cuenta a la Cámara –esto es, que se hubieran publicado por la Cámara- se mantienen en vigor sólo hasta la renovación ordinaria de los miembros de las comisiones que dictaminaron", indica el documento.
La Asociación por los Derechos Civiles realizó una presentación impugnando algunos puntos sobre la propuesta del oficialismo. Entre las críticas se encuentran los nuevos regímenes establecidos para el establecimiento de la Iglesia como persona jurídica pública, la capacidad jurídica de personas con discapacidad, y otros puntos más.
También hubo numerosas manifestaciones de parte de partidos de izquierda frente al Congreso, que lo hicieron codo a codo con organizaciones que, fundamentalmente, hicieron señalamientos sobre el artículo 19 y la consideración del embrión como persona.