La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció su próximo periodo de sesiones en el que se analizarán en audiencias dos casos contra la Argentina. Al organismo internacional le preocupa la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires y la falta de Defensor del Pueblo de la Nación.
El próximo jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará su 153º período de sesiones que se extenderá hasta el 7 de noviembre próximo. Entre las audiencias que se realizarán en la ciudad de Washington D.C. dos casos tienen que ver con nuestro país.
Las dos audiencias están fijadas para el 28 de octubre. La primera de ellas tiene que ver con el impacto de la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo sobre la vigencia de los derechos humanos en Argentina.
El cargo se encuentra vacante desde 2009, cuando terminó su mandato Eduardo Mondino, quien decidió lanzarse como candidato al Senado por el justicialismo cordobés. Desde entonces el defensor adjunto, Anselmo Sella, se desempeñó como cabeza de ese órgano independiente hasta la finalización de su mandato, en diciembre de 2013.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano son las organizaciones que solicitaron la audiencia ante el organismo internacional.
Las ONG, en un escrito presentado ante la CIDH al pedir la audiencia, advirtieron que “se ha generado una situación de gran incertidumbre, incluso al interior del órgano, acerca de las facultades del designado provisorio” que “atenta contra el cumplimiento íntegro de la misión y actividades de la entidad”. Actualmente, la máxima autoridad del órgano es su secretario general, Carlos Haquim.
Según la normativa vigente la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, compuesta por representantes de las diferentes fuerzas políticas, es quien debe proponer un candidato que deberá conseguir los dos tercios de los representantes de cada Cámara para ser designado.
El mismo día también se realizará la audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. Aquí la audiencia fue solicitada por la Asociación de Pensamiento Penal (APP) que en su pedido ante la CIDH sostuvo que la situación actual del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no ha cambiado desde la última visita que efectuara el Relator de la Personas Privadas de la Libertad en el año 2010.
“La situación sigue siendo calamitosa y vejatoria para todos los internos debido al gran hacinamiento que viene creciendo estrepitosamente”, dicen desde la APP y que consideran que con la apertura del actual ministro de seguridad provincial, Alberto Granados, de calabozos que funcionan en comisarias “cuenta con serias posibilidades de agravarse”.
En ambas audiencias, quienes las pidieron, ampliarán la información ante la Comisión y ponerla en “mayores conocimientos” sobre las situaciones planteadas. También deberán asistir representantes del Estado Argentino.