Canicoba Corral analiza ahora la posibilidad de requerir el desafuero del ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, para tomarle declaración indagatoria respecto de la resolución mediante la cual se dispuso la intervención y la revisión de las listas de asociados del Club, medida ésta que no podía efectuarse debido a que existía una medida cautelar de no innovar dictada por la justicia con anterioridad.
La denuncia por las supuestas irregularidades cometidas por Ulloa -quien figuraría como socio de Garnillo Ocampo en un estudio jurídico- fue efectuada en agosto de este año por tres socios del Centro Cultural Armenio, dos hombres y una mujer, cuyos nombres no fueron revelados, que también son abogados.
Con anterioridad a la intervención, un grupo de socios había denunciado presuntas irregularidades cometidas por las autoridades del centro en la utilización de un crédito que le había concedido el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Con posterioridad, en sucesivas asambleas, una iniciativa dio por aprobadas condiciones que presuntamente restringían el ingreso a la entidad ya que los nuevos afiliados debían contar con un respaldo patrimonial. Esta resolución asamblearia, que fue "reconsiderada" durante la intervención de Ulloa fue objetada por los abogados denunciantes, según la información a la que tuvo acceso el Diario Judicial.
"Se querían apropiar del club", señaló la fuente consultada quien además explicó que el patrimonio de la entidad es en la actualidad "muy importante, ya que se está construyendo un centro de recreación en la zona de Ezeiza".
Al conocerse la posibilidad que estudia Canicoba Corral, comenzaron a dispararse diversos comentarios acerca del porqué el juez dispondría un pedido de desafuero a un mes de que Granillo abandone su cargo por la asunción del nuevo gobierno. Descontándose de que debe haber pruebas de cargo suficientes para que un juez con el timing político de Canicoba disponga una medida tan extrema.