Ya existen 58 demandas contra Pinochet, 41 de ellas presentadas en los últimos 12 meses. La última que admitió el pasado miércoles el juez Guzmán, incluye cargos por tortura a 643 ex presos políticos y presenta importantes novedades procesales.
Es la primera demanda que tipifica explícitamente el delito de tortura contra personas no desaparecidas ni ejecutadas, apuntando a Pinochet y «a los que resulten responsables». Además, posee una notable similitud con las demandas esgrimidas en octubre de 1998 por el juez Baltasar Garzón.
«Desde este momento, la tortura pasa a ser un eje de la investigación», señaló el abogado Eduardo Contreras, quien forma parte del equipo de profesionales que ha redactado una solicitud de desafuero contra Pinochet, hasta la fecha senador vitalicio (no electo) en el Parlamento chileno.
Debido a una reciente modificación en la interpretación de una ley de amnistía decretada en 1978 por el Gobierno de Pinochet, la Corte Suprema chilena considera que no prescriben los delitos de secuestro y tortura cometidos por militares y agentes de la dictadura.
Pese a las renovadas señales en el sentido de que un juicio al ex dictador en su país es inevitable, la incidencia de variables políticas locales en la trama judicial sigue siendo una incógnita. La mayor fuente de suspicacias, en este sentido, reside en una probable modificación constitucional, que permitiría la renuncia de Pinochet a su cargo de senador.
Dicha renuncia implicaría la salida definitiva de Pinochet del escenario político y podría ser ofrecida a cambio de la inhibición de todos los procesos judiciales en curso. Con eso se garantizaría un final tranquilo y discreto al anciano ex dictador.