La resolución fue adoptada durante una reunión de Acuerdo del máximo tribunal, enmarcándola en la Ley de Etica Publica, dictada durante el anterior gobierno, cuya constitucionalidad continúa vigente aún cuando se haya dictado la ley mediante la cual se creó la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Según esa acordada los jueces y funcionarios deberán presentar sus declaraciones juradas mediante sobre abierto, y podrán ser consultada previa aprobación de la Corte.
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