Los nueve jueces del tribunal están acusados de mal desempeño de sus funciones por su intervención en causas de trascendencia, mala administración del presupuesto del Poder Judicial, falta de avances en la investigación por el atentado terrorista a la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, el fallo que liberó al ex presidente Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas el pasado mes de noviembre, y las resoluciones que convalidaron rebajas salariales en el sector público, dispuestas tanto por Menem como por Fernando de la Rúa, entre otros temas.
El titular de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, Sergio Acevedo, estimó que en 30 días estará lista la acusación contra los jueces del máximo tribunal de justicia del país ya que, a su juicio, los miembros del Supremo hicieron un mal desempeño de su trabajo. Acevedo informó de que se buscará enjuiciar a todos los jueces del tribunal.
El diputado justicialista advirtió que "es una cuestión central" garantizar el debido proceso en torno a los pedidos de remoción de los miembros de la Corte, y aseguró que en caso de que prospere el juicio político contra alguno o todos los integrantes del Tribunal, "cabe la posibilidad" de que sean suspendidos en sus funciones. Luego remarcó que "la defensa en juicio es una cuestión central que hay que respetar, más allá de la celeridad de las circunstancias en que se lleva a cabo esta acusación".
Las únicas posibilidades previstas en la Constitución para modificar la integración de la Corte Suprema son la renuncia, jubilación o juicio político a sus miembros. En ese proceso, diputados actúa como cámara acusadora y el Senado se encarga de realizar el juicio contra los magistrados acusados. En tanto, señaló que "en caso de suspensión se recurrirá a los conjueces, que subrogan a los jueces en este tipo de acciones".
De todas maneras, la suerte de la Corte Suprema parece sellada ante la virtual unanimidad de los sectores políticos en propugnar su remoción.
En este sentido, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, declaró que el tribunal emitió "un fallo para que todo saltara por los aires". Ibarra, en su condición de titular del Frepaso, anticipó que "todas las expresiones del partido en (las cámaras de) Diputados y Senadores apoyan firmemente el juicio político". "A esta Corte no le interesó ni la justicia ni el dinero de los ahorristas ni el futuro de la Argentina, sólo le importó su supervivencia", aseguró en un comunicado.
En tanto, el vocero presidencial Eduardo Amadeo adelantó que el Gobierno de Eduardo Duhalde tiene definido "en un 80 por ciento" una profunda reforma judicial que "va a cambiar el país". Amadeo señaló además que las encuestas y "la sensación de la gente" demuestran que la Corte Suprema "no es confiable".
Tras conocerse la decisión del tribunal, el presidente convocó a la quinta de Olivos al ex presidente Raúl Alfonsín, al diputado Leopoldo Moreau y al legislador frepasista Darío Alessandro para sondear un eventual apoyo al enjuiciamiento al más alto tribunal de justicia.
En el caso del Frepaso, el apoyo fue inmediato a través del jefe del bloque de la Alianza UCR-Frepaso, Darío Alessandro, quien acusó a la Corte Suprema de "extorsionar al poder político para transformarse en intocables", pero advirtió que el parlamento deberá "actuar muy rápido". Alessandro bregó por "no echar nafta al fuego", pero instó a sus pares de la comisión de Juicio Político a que actúen "con la mayor rapidez".
Por su parte, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, calificó en una conferencia en el Palacio de Hacienda como "irresponsable" la resolución del la Corte Suprema de Justicia que obligó a postergar los anuncios económicos por 24 horas.
Para Remes, la resolución de la Corte de Justicia fue "realizada de una manera irresponsable, que puso en tela de juicio la seguridad de los ahorristas, el sistema productivo y el sistema financiero".
La líder del ARI, Elisa Carrió, fue contundente también con su apoyo a la destitución de los miembros cuestionados de la Corte: "Esta decisión es claramente una extorsión al Gobierno, para evitar que avancemos con el proceso de remoción. No lo van a conseguir".
En tanto, los senadores radicales también expresaron su desacuerdo. El presidente del bloque, Carlos Maestro, sostuvo que "fue desafortunado el momento en que se emitió". En ese sentido, reflexionó que, "paradójicamente, los propios beneficiarios con la medida no reaccionaron favorablemente hacia la Corte", porque "hubo como una sospecha de que la intención no era beneficiarlos, sino que había otras intenciones".