El jefe de los fiscales –en un dictamen de sólo dos carillas—señaló que la resolución de la cuestión “no es competencia originaria” del Máximo Tribunal, por lo que se debe continuar tratando en primera instancia.
Sucede que González había llegado a la Corte por la vía del “per saltum” en una causa iniciada, según explicaron voceros de la procuración, cuestionando la validez del decreto 1570/01 que instauró el “corralito” y en esa instancia devinieron luego el pronunciamiento del Máximo Tribunal por la inconstitucionalidad de esa norma y con posterioridad se dictó el decreto 214/02 del Ejecutivo, que en su artículo 12 impone la suspensión de los juicios relacionados con el corralito bancario por 180 días.
En esa instancia, la demandante adjuntó al expediente principal,(la demanda contra el 1570/01), un escrito cuestionando ese artículo del decreto 214/02, y a raíz de ese hecho Becerra se pronunció ahora porque se resuelva la cuestión en primera instancia y que se de vista al Estado Nacional como parte en la causa, para garantizar el debido proceso y la defensa en juicio.
De ese modo, y aunque el dictamen del Procurador no sea vinculante, la Corte se vería presionada a dar intervención al Estado, dilatándose así los tiempos de lo que se vaticinaba como un inminente pronunciamiento por parte del tribunal, en el mismo sentido en que lo había hecho el viernes de hace tres semanas.
De todos modos, el gobierno nacional anunció la flexibilización del corralito, abarcando los depósitos de ahorristas de avanzada edad, caso en el que podría esta contemplada la situación de la demandante en esta causa.