Se trata de Alfredo Manuel Rodríguez quién actuó en varias causas como subrogante de Leiva, incluida la investigación por el cierre del Banco de Mendoza, el que aseguró que nunca escuchó en los pasillos de los tribunales mendocinos comentarios que involucraran al magistrado juzgado.
A mediados de marzo de 1999, el juez Rodríguez tuvo presente el requerimiento de instrucción y, “sin perjuicio de la competencia” ordenó requerir al Banco Central y al Banco de Mendoza S.A. diversa documentación. También, designó a los peritos Carlos Canullo y Hugo Sochi para cumplimentar las medidas dispuestas y para futuras peritaciones contables. Esta fue unas de las cuestiones que explicó el magistrado en la audiencia de hoy, ya que en un primer momento Leiva había sido cuestionado por la designación de dichos peritos.
Rodríguez, testigo solicitado por la defensa, estuvo a cargo en el principio de la investigación a raíz de que Leiva se encontraba de vacaciones. Por este motivo, ordenó las primeras medidas de instrucción en la causa como juez subrogante pero sostuvo que las medidas dispuestas lo eran “sin perjuicio de la competencia del tribunal”.
A fines de marzo Leiva declaró la competencia del juzgado. Ya a cargo del expediente, emitió una resolución en la que declaró expresamente la competencia de su juzgado para entender en la causa, ordenando formalmente la instrucción sumarial, que hasta el momento no existía. Sin embargo, en un primer descargo Leiva intentó demostrar que no había sido competente en esa parte de la investigación.
Por su parte, el Consejo de la Magistratura, en su acusación apuntó a demostrar que fue Leiva y no Rodríguez “el que declaró expresa y formalmente su competencia para hacerse cargo de la investigación en torno al cierre del Banco Mendoza S.A.”, a pesar de que su tribunal no se encontraba de turno cuando la misma fue promovida.