El comentario ofuscó al abogado, quien no supo encontrar los motivos por los cuales la titular del Juzgado Correccional Número Siete le dio esos comentarios a Murature, quien se encuentra procesado y con embargo de 500 mil pesos, por la presunta comisión de los delitos de “cohecho activo” y “coacción agravada” a raíz de supuestas irregularidades que se habrían cometido en su juzgado.
Los comentarios del abogado de Murature no quedaron solamente ahí, ya que también dirigió sus dardos hacia el consejero y senador Jorge Yoma, a quien acusó de usar el caso de su defendido como un trampolín político.
Yoma es uno de los miembros de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, en donde el 5 de diciembre se deberá presentar Murature por este tema, y además en el encargado de llevar adelante el caso del magistrado.
El letrado aprovechó la oportunidad para recordar que su defendido es víctima de una maniobra “orquestada e intrascendente” al tiempo que opinó que no entiende como el Consejo evalúa la conducta de los jueces, ya que precisó que su defendido tiene a su cargo en su juzgado “una causa muy grave que no causó tanto eco como la causa que tiene en su contra”.
En esta causa, que podría generar algún tipo de fractura en el fuero de instrucción, ya que se está investigando un curioso hecho en donde un delincuente fue encontrado con un arma que hace 10 años había sido capturada por la justicia.
En ese expediente están involucrados un ex juez federal, un camarista civil una secretaria letrada y hasta un actual juez federal, aunque este último estaría más alejado de las responsabilidades de la llamativa situación.
La medida en contra de Murature fue dispuesta por su par Marcelo Albero sobre el expediente iniciado por la denuncia del abogado Adrián Maloney en representación de los contadores Miguel y Raúl Mazzeo en donde se le imputó que en su juzgado existían presuntas irregularidades.
Por la misma causa esta aún prófugo el abogado Manuel Pallasá, que presuntamente estaría vinculado con Murature en las maniobras que existían en esa dependencia judicial.
Al parecer, el letrado mantenía una relación muy cercana al magistrado, hecho que se vio agravado ya que Murature habría tratado con mucha dedicación cerca de 16 expedientes en donde el abogado era parte, al tiempo que se comprobó que la gran mayoría de las causas que iniciaban Pallasá y sus socios terminaban en el juzgado de Murature.
Los denunciantes a los que se les suma José Visciglio, quien denunció al abogado, se presentaron ante la justicia ya que a estos le generaba sospechas el hecho de que Pallasá un letrado comercial tuviera siempre sus causas en el juzgado de Murature.
Pallasá, quien había sido apoderado especial de la suegra del juez, según se ventiló en el expediente solía pedir allanamientos e intervenciones telefónicas sin fundamento, los que eran ordenados en forma inmediata por el magistrado.
También, se desprendió de una declaración de un empleado del estudio del abogado que “entre las 8.30 y las 9.30 estaba siempre en el despacho del juez” y que hasta “llegó a redactar resoluciones en su notebook, que luego llevó en diskette al juzgado para que el magistrado rubricara”.