La medida en contra del magistrado fue dispuesta por su par Marcelo Albero, quien además trabó un embargo sobre sus bienes hasta alcanzar los 500 mil pesos y mandó la resolución al Consejo de la Magistratura con la intención de que desde allí se inicie el proceso de remoción de su colega.
En tanto desde el Consejo confirmaron que el próximo 5 de diciembre Murature se deberá presentar ante la Comisión de Acusación del órgano, ya que se aprobó por unanimidad el pedido que formuló Alberó.
De ese modo, Murature fue citado por los consejeros según lo dispuesto por el articulo 9 del reglamento interno del cuerpo, y en el cuarto piso del Palacio de Justicia será entrevistado a partir de los hechos irregulares que se detectaron en su juzgado a raíz de su vinculación con un abogado que se encuentra prófugo.
Por esta causa, Murature fue indagado hace dos semanas por Alberó, según lo dispuesto por la ley de fueros número 25.320, con el fin de que prestase su testimonio sobre el expediente iniciado por la denuncia del abogado Adrián Maloney en representación de los contadores Miguel y Raúl Mazzeo en donde se le imputó que en su juzgado existían presuntas irregularidades.
Por la misma causa esta aún prófugo el abogado Manuel Pallasá, que presuntamente estaría vinculado con Murature en las maniobras que existían en esa dependencia judicial.
Al parecer, el letrado mantenía una relación muy cercana al magistrado, hecho que se vio agravado ya que Murature habría tratado con mucha dedicación cerca de 16 expedientes en donde el abogado era parte, al tiempo que se comprobó que la gran mayoría de las causas que iniciaban Pallasá y sus socios terminaban en el juzgado de Murature.
Los denunciantes a los que se les suma José Visciglio, quien denunció al abogado, se presentaron ante la justicia ya que a estos le generaba sospechas el hecho de que Pallasá un letrado comercial tuviera siempre sus causas en el juzgado de Murature.
Pallasá, quien había sido apoderado especial de la suegra del juez, según se ventiló en el expediente solía pedir allanamientos e intervenciones telefónicas sin fundamento, los que eran ordenados en forma inmediata por el magistrado.
También, se desprendió de una declaración de un empleado del estudio del abogado que “entre las 8.30 y las 9.30 estaba siempre en el despacho del juez” y que hasta “llegó a redactar resoluciones en su notebook, que luego llevó en diskette al juzgado para que el magistrado rubricara”.