El tema llegó al Consejo luego de que el expediente en donde está procesado fuera remitido por el magistrado Albero al cuerpo para que tomaran una decisión al respecto, acerca de iniciar o no el preoceso de remoción.
Por esta causa, Murature, quien está en libertad a raíz de sus fueros, fue indagado hace dos semanas por Albero, según lo dispuesto por la ley de fueros número 25.320, con el fin de que prestase su testimonio sobre el expediente iniciado por la denuncia del abogado Adrián Maloney en representación de los contadores Miguel y Raúl Mazzeo en donde se le imputó que en su juzgado existían presuntas irregularidades.
Por la misma causa está aún prófugo el abogado Manuel Pallasá, que presuntamente estaría vinculado con Murature en las maniobras que existían en esa dependencia judicial.
Al parecer, el letrado mantenía una relación muy cercana al magistrado, hecho que se vio agravado ya que Murature habría tratado 16 expedientes en donde el abogado era parte, al tiempo que se comprobó que la gran mayoría de las causas que iniciaban Pallasá y sus socios terminaban en el juzgado de Murature.
Los denunciantes, a los que se les suma José Visciglio, quien denunció al abogado, se presentaron ante la justicia ya que a estos le generaba sospechas el hecho de que Pallasá, un letrado que se dedica a temas comerciales, tuviera siempre sus causas en el juzgado de Murature.
Pallasá, quien había sido apoderado especial de la suegra del juez, según se ventiló en el expediente, solía pedir allanamientos e intervenciones telefónicas sin fundamento, los que eran ordenados en forma inmediata por el magistrado.
También se desprendió de una declaración de un empleado del estudio del abogado que “entre las 8.30 y las 9.30 estaba siempre en el despacho del juez” y que hasta “llegó a redactar resoluciones en su notebook, que luego llevó en diskette al juzgado para que el magistrado rubricara”.