04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Quedó para más adelante

La Comisión de Acusación del Consejo aceptó el pedido del procesado juez de instrucción Roberto Murature y resolvió fijar una nueva audiencia a la que deberá concurrir el magistrado, la que se realizará luego del 18 de diciembre, fecha en que ampliará su indagatoria ante su par Marcelo Albero.

 
Murature entregó a la Comisión de Acusación un escrito y un anexo documental en los que intenta refutar las acusaciones por "mal desempeño" de sus funciones, aunque pidió que se fije una nueva audiencia para responder preguntas.

Los consejeros hicieron lugar al pedido luego de que Murature explicó que fue citado para el 18 de diciembre para ampliar su declaración indagatoria en la causa penal en su contra, donde está imputado de los presuntos delitos de “cohecho activo” y “coacción agravada”, y que sería conveniente que sea interrogado por la comisión después de concretar ese trámite.

El tema llegó al Consejo luego de que el expediente en donde está procesado fuera remitido por el juez de instrucción Marcelo Albero para que tomaran una decisión al respecto, acerca de iniciar o no el proceso de remoción.

Por esta causa, iniciada por la denuncia del abogado Adrián Maloney en representación de los contadores Miguel y Raúl Mazzeo en donde se le imputó que en su juzgado existían presuntas irregularidades, Murature, quien sigue en libertad a raíz de sus fueros, fue indagado hace dos semanas por Albero.

Por la misma causa está aún prófugo el abogado Manuel Pallasá, que presuntamente estaría vinculado con Murature en las maniobras que existían en esa dependencia judicial.

Al parecer, el letrado mantenía una relación muy cercana al magistrado, hecho que se vio agravado ya que Murature habría tratado 16 expedientes en donde el abogado era parte, al tiempo que se comprobó que la gran mayoría de las causas que iniciaban Pallasá y sus socios terminaban en el juzgado de Murature.

Los denunciantes, a los que se les suma José Visciglio, quien denunció al abogado, se presentaron ante la justicia ya que a estos le generaba sospechas el hecho de que Pallasá, un letrado que se dedica a temas comerciales, tuviera siempre sus causas en el juzgado de Murature.

Pallasá, quien había sido apoderado especial de la suegra del juez, según se ventiló en el expediente, solía pedir allanamientos e intervenciones telefónicas sin fundamento, los que eran ordenados en forma inmediata por el magistrado.

También se desprendió de una declaración de un empleado del estudio del abogado que “entre las 8.30 y las 9.30 estaba siempre en el despacho del juez” y que hasta “llegó a redactar resoluciones en su notebook, que luego llevó en diskette al juzgado para que el magistrado rubricara.



dju / dju
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