El tema había pasado a la Cámara del Crimen porque sus colegas federales se excusaron, al asegurar que ya habían adelantado opinión. Al que sí se le admitió la excusación fue a Gabriel Cavallo, el único que, según la información periodística que motivó la denuncia, participó de la reunión, junto a la fallecida integrante de la Sala I, Luisa Riva Aramayo.
Para los camaristas del crimen, no existe “temor de parcialidad”, por parte de sus colegas de la Sala II del fuero federal (Cattani, Luraschi e Irurzun) quienes se habían excusado de resolver incidentes en la causa porque habían criticado al juez que instruía el expediente, Claudio Bonadío, porque les pidió que aclararan si habían participado en el cuestionado encuentro, aunque la nota de Horacio Verbitsky en Página/21 no los nombraba.
Los integrantes de la Cámara del Crimen en cambio dijeron que la crítica a Bonadío “no importa un adelanto de opinión en relación al fondo de la cuestión”. De esta forma, la causa debería volver a la Sala II, y sus integrantes se abocarían a resolver el planteo que originó la intrincada marcha del expediente: un planteo del fiscal Oscar Amirante quien recusó a Bonadío porque no se excusó de intervenir en el expediente, a pesar que era uno de los jueces que habría participado de la reunión con Soria.
El 19 de julio pasado, Bonadío se había apartado de la causa no por las razones del fiscal (que, en definitiva, argumentaba que el juez no podía llamarse a declarar como testigo del encuentro a sí mismo) sino por argumentar que la situación le provocó una “violencia moral” asociada al tratamiento del tema en los medios y de la dura respuesta que recibió de los camaristas de la Sala II, a quienes le atribuyó una “enemistad personal”.
Todos los caminos conducen a Oyarbide
En rigor, cuando los integrantes de la Sala II resuelvan el incidente, es probable que la causa se sortee en un nuevo juzgado federal. El problema es que el trámite volvería a trabarse porque de la cuestionada reunión participaron todos los jueces federales menos Norberto Oyarbide.
Así, si el sorteo habitual no hace recaer la causa en el juzgado de Oyarbide, el expediente saltará de un juzgado a otro en una ronda de excusaciones, que harían muy difícil que la investigación avance en los próximos meses.
La denuncia que originó este expediente con intrincado camino la efectuó el abogado Juan Carlos Iglesias, basándose en la nota de Verbitsky, donde se decía que Soria le había pedido a jueces federales que “lleven a cabo decisiones judiciales que permitan encarcelar a un ex-funcionario y a dos banqueros”, en referencia a Eduardo Escasany, del Galicia y los hermanos Rohm, uno de ellos, Carlos, resultó preso poco tiempo después de aquel encuentro.