Más allá de las declaraciones públicas, fuentes judiciales y de organismos de derechos humanos coincidieron a la larga que del encuentro, del que participó también la abogada de Abuelas Alcira Ríos y el vicepresidente del máximo Tribunal, Eduardo Moliné O"Connor, sólo quedó clara una promesa de resolver el controvertido expediente sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida "después de las elecciones".
Por la proximidad del acto eleccionario podría inferirse que esto será pronto. Sin embargo, Diariojudicial.com pudo saber en fuentes del máximo Tribunal que la decisión final se cocina a fuego lento: por ahora, sólo circulan proyectos de votos entre los jueces y el tema no pasó aún a las secretarías penales.
Las fuentes indicaron que una de las alternativas que barajan algunos supremos -que podrían conseguir la mayoría- es declarar la inconstitucionalidad de las leyes, pero con un efecto retroactivo limitado: sólo a partir de 1994, cuando una serie de tratados internacionales invocados en los expedientes en manos de la corte fueron incorporados a la Carta Magna.
Un fallo de estas características, se analiza en Tribunales, no sería más que una ratificación encubierta de las leyes porque los efectos prácticos de la inconstitucionalidad serían nulos: las causas abiertas volverían a caer y los imputados por las violaciones a derechos humanos quedarían a salvo.
Las causas en estudio en la Corte ya tienen dictamen del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, quien entendió que las leyes deben declararse inconstitucionales y los crímenes deben ser castigados.
“En reiteradas ocasiones he sostenido que los casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como las ocurridas en nuestro país entre los años 1976 –y aun antes– y 1983, exigen como imperativo insoslayable una búsqueda comprometida de la verdad histórica”, indicó Becerra en su dictamen.