Skydelsky, aceptó el planteo de inconstitucionalidad realizado en mayo de 2001 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).
En la causa también aparecen involucrados el último jefe del Ejército de la dictadura, general Cristino Nicolaides – por ese entonces comandante de la VII brigada –; el ex inrterventor en Chaco, general Antonio Serrano, y el ex ministro de gobierno provincial José Zucconi, así como integrantes del Poder judicial.
Según se supo de fuentes judiciales de Resistencia, Skydelsky aún no ordenó la detención de los imputados a la espera de que la Cámara Federal de Rosario ratifique su competencia para indagar a los sospechosos por los delitos de “homicidio agravado”, “privación ilegítima de la libertad agravada”, “desaparición forzada de personas” y “torturas”.
“La tragedia causada por la sistemática violación de los derechos humanos – orquestada y ejecutada por la dictadura militar, con sus prácticas perversas – degradante del género humano fueron entre otras cosas la continuidad de un gran designio homogéneo de proyección continental”, señala un párrafo del fallo de Skydelsky.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas en el gobierno de Raúl Alfonsín, fueron declaradas inconstitucionales por varios jueces federales, tribunales de alzada. En igual sentido se expidió el Procurador general de la Nación, Nicolás Becerra. Ahora se espera una definición por parte de la Corte Suprema de Justicia para este año.
En tanto que el ex presidente Carlos Menem y uno de los candidatos del Justicialismo para las próximas elecciones amnistió a los comandantes de las juntas y otros militares sentenciados o procesados por graves violaciones a los derechos humanos.
La masacre en la que asesinaron a 22 militantes de la Juventud Peronista y de izquierda tuvo lugar la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Todos ellos estaban detenidos en una dependencia policial de Resistencia cuando se les ordenó alistarse para ser trasladados a otro centro de detención.