López había presentado su renuncia el pasado 23 de octubre, en la que argumentó motivos “personales” para retirarse, a partir de hoy, 1° de diciembre. Ya la semana pasada, el renunciante sacó sus efectos personales del despacho que ocupaba, en el que se instalará el más reciente miembro incorporado a la Corte, el penalista Eugenio Zaffaroni.
Pero la de López no será la única vacante próxima a producirse en la Corte. Se espera que el miércoles el justicialismo destituya a Eduardo Moliné O’Connor, mientras otro ministro, Carlos Fayt, se retirará en el verano, luego de cumplir 20 años en el máximo tribunal.
Denuncia contra López
Tal como ya sucedió antes con otro renunciante al máximo Tribunal, Julio Nazareno, apenas abandonó su puesto el ministro López fue denunciado ante la justicia federal por las mismas supuestas irregularidades con las que lidian los jueces Moliné y Adolfo Vázquez en el parlamento.
Como en el caso de Nazareno, los denunciantes son nuevamente los abogados Antonio Liurgo y Marcelo Parrilli, quienes denunciaron a López por las presuntas irregularidades en su función por las que ya se le había iniciado durante 2002 un juicio político junto a los otros miembros del Tribunal.
Los abogados reclamaron que –tal como sucedió en el caso de Nazareno, en manos del juez federal Sergio Torres- la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados remita a la justicia “los antecedentes” contra López que, recuerdan, “son similares a los imputados” a Nazareno.
“Todas las conductas imputadas serían constitutivas de delitos que, además de lesionar diversos bienes jurídicos, presuponen que la lesión fue cometida mediante abuso de autoridad” dice el escrito, a los que se suma los delitos presuntos de “prevaricato y malversación de caudales públicos”.
Al igual que la causa contra Nazareno, en esta denuncia a López se le cuestiona haber forzado la interpretación de normas y excederse en la competencia jurisdiccional en el caso “Armas”; “extorsionar” al Poder Ejecutivo con la redolarización de depósitos del corralito financiero y por haber incurrido en “omisión de control” en la tramitación del expediente por la voladura de la Embajada de Israel, entre otros casos.