El Camarista de Jujuy deberá presentarse en el marco del expediente “Gómez Diez Ricardo c/Integrante del T.O.C.F. de Jujuy Dr.Rodolfo Echazú”, en los cuales se investiga el rol que tuvo éste, en el accidente de tránsito en donde murió el remisero René Juan Carlos Uro, luego de haber chocado con el magistrado.
Según las versiones en la madrugada del viernes 11 de junio, Echazú conducía su camioneta Toyota 4x4, en contramano y chocó contra un remís de la empresa “Centro-Tax”, el cual era conducido por Uro, quien llevaba como pasajera a Carmen Campero, que sufrió algunas heridas.
El Consejo intentará determinar, cómo se dieron los hechos y si el denunciado incurrió en faltas que ameritarán la conformación de Jurado de Enjuiciamiento en su contra, el cual podría derivar en su expulsión del Poder Judicial. Por estos hechos el camarista enfrenta una causa en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Número 4, a cargo de Juan Carlos Nieves, quien hace unas semanas dictó el auto de procesamiento en contra de éste resolviendo también trabar embargos sobre sus bienes por 25 mil pesos.
Por su parte, la máxima expectativa estará puesta en el jueves, día en el cual a las 10.00 se debería presentar el juez federal Juan José Galeano, sobre quien pesan serias denuncias por el modo en que instruyó la causa AMIA.
Galeano, no fue a la Comisión el último 30 de noviembre, a raíz de que había recusado a los consejeros Beinusz Szmukler y Marcela Rodríguez, pero luego de que se rechazaran las mismas se decidió volver a citarlo para el próximo jueves, oportunidad en la cual debería hacer el descargo de las imputaciones en su contra, ya sea en forma oral o por escrito según lo contempla el artículo 9.
Postergación
La votación del dictamen desestimatorio en el expediente referido a las actuaciones de los camaristas chaqueños María Fernández, Diomedes Rojas y Tomas Inda, que figuraba tal como lo señalara Diariojudicial.com en el punto 8 del orden del día, fue aplazada a pedido de algunos consejeros.
El instructor de esa causa, el abogado Luis Pereira Duarte, había elaborado un dictamen desestimatorio, el cual fue presentado durante el acuerdo celebrado aunque el resto de sus pares, pidieron tiempo para leer el mismo, solicitando también algunas medidas de pruebas.
Recordemos que esta causa se inició cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el apoyo de H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) presentaron una denuncia en contra de los jueces por haber dispuesto la libertad de un grupo de militares que estaban vinculados a la masacre perpetrada el 13 de diciembre de 1976, cuando una patrulla del Ejército fusiló a 22 presos políticos, a quienes previamente se había arrancado de la cárcel de Resistencia y centros clandestinos de detención.
Esos militares habían sido detenidos el 17 de junio de 2003 imputados de doble homicidio agravado y desaparición forzada de personas, pero la Cámara Federal de Resistencia los dejó en libertad el 22 de julio de ese año, cuando hizo lugar a un pedido de hábeas corpus de unos de los imputados.
Otra medida en la cual se basa la denuncia es que los camaristas consideraron que el juez federal Carlos Skidelsky, quién había ordenado las detenciones no tenía competencia.