Por otra parte, explican que este fallo sólo podría ser aplicado por los jueces de primera y segunda instancia que decidan cambiar sus propios precedentes, o sea, ”cambiar su propia convicción y los de los Casos “San Luis” y “Smith”, en amparos por depósitos mayores a U$S 140.000, ya que los considerandos 10 y 11 de dicho voto también discriminan al respecto.”, aclaró a Diariojudicial.com su presidente.
Señaló Bergenfeld que ”aunque dichos jueces decidan aplicar el caso “Bustos” no lo podrán hacer en casos que excedan del monto de 140.000 dólares, porque para aplicarlos irrestrictamente, no podrían hacerlo porque les falta la mayoría de 5 votos contra el resto”.
En conclusión, establecen que el voto de Zaffaroni ”deja sólo en cuatro a los votos que contemplan a la gran mayoría de los casos que están tramitando, con lo cual sólo un 2 o 3% de los casos puede ser técnicamente alcanzado por este fallo, que colisiona con la Jurisprudencia uniforme sentada en la materia (más de medio millón de sentencias dictadas por todos los jueces del país, incluido el actual Procurador del Tesoro)”.
De esta forma, entiende Bergenfeld que la amenaza en cuanto a la posibilidad que tendrían los bancos de pedir la devolución de lo que ya ha sido percibido por los ahorristas en virtud de las medidas cautelares otorgadas ”no es viable”. Finalmente, tildó de ”antojadizo, anulable y de aplicación a un campo de acción muy limitado” el fallo que avala la pesificación.
Asimismo aclaró, que aún no ha hecho presentación judicial al respecto, dado que se encuentra analizando dicha posibilidad. Consultado si basó esta interpretación en el amparo presentado por Eduardo Barcesat y Roberto Boico, -en el que piden la nulidad del fallo de la Corte- Bergenfeld manifestó que ya se encontraba estudiando el tema aunque aclaró “no estoy seguro de que la vía elegida por el Dr. Barcesat sea la mejor, ya que no creo conveniente darle posibilidad a la Corte de que interprete sus votos en dicho fallo”. Claro está que si ello sucediera, el Dr. Zaffaroni se vería obligado a decir si avala o no expresamente la pesificación.