Además de General Pico, Moreno y Guaymallén que tendrán sus casas entre enero y febrero, a lo largo de 2005 se promete ampliar a otros rincones del país. Ya está asegurada la apertura de casas en Cipoletti (Río Negro) y en Tafi Viejo (Tucumán) y una más en lugar a confirmar.
De la ceremonia de inauguración participaron Luis Alberto Campos, Intendente de la General Pico; Carlos Verna, gobernador de La Pampa; Luis María Palma, Coordinador del Programa Integral de la Reforma de Justicia; Graciela Gómez, asesora de la Secretaria de Justicia y Asuntos Legislativos, María José Rodríguez; autoridades nacionales, provinciales y municipales.
En diálogo con DiarioJudicial.com Luis Palma, Coordinador General del proyecto, confirmó, desde La Pampa, que la Casa de General Pico es la primera de esa provincia y la primera del proyecto que lanzó el Ministerio de Justicia hace poco tiempo. En distintas provincias ya se abrieron otras Casas de Justicia pero el funcionario aclaró que éstas últimas están fuera del proyecto nacional y provienen de convenios ideados por los gobiernos provinciales. Además, Palma subrayó que la casa de General Pico es fruto de un convenio con la Jefatura de Gabinete, gracias al cual se obtuvo un préstamo del Banco Mundial. Con este dinero se contrato a la ONG CIPPEC, quien se encargó del armado y la puesta en funcionamiento.
Por su parte, la asesora del Ministerio de Justicia Graciela Gómez dijo que “el proceso impone un cambio cultural en la gente, que se irá redefiniendo a medida que avance el mismo”. “Es un modelo sujeto a corrección que se tiene que adecuar a la idiosincrasia de la gente de cada comunidad”, agregó. Además resaltó la importancia de “escuchar a la gente”, aunque destacó que en las Casas de Justicia no se hará “asistencialismo” sino “asistencia judicial”.
Según un comunicado difundido por el ministerio que encabeza Horacio Rosatti, “el objetivo es que la comunidad de General Pico conozca sus derechos y la vías institucionales, que aproveche los métodos alternativos de resolución de conflictos, como así también sus beneficios”. El proyecto parte de la base que el acceso a la Justicia, para gran parte de la población, está limitado por una multiplicidad de factores, entre los que se destacan: personas que no conocen los derechos que las asisten, ni los mecanismos institucionales para hacerlos valer.
Pero también es relevante en el acercamiento de los ciudadanos a los estrados judiciales el costo de la defensa individual, que es muy alto, debido a la ineficaz coordinación entre los centros de la asistencia jurídica gratuita. En general estos recursos se encuentran alejados de zonas marginadas, dando como resultado procesos judiciales complejos y extensos.
El emplazamiento de Casas de Justicias, en los municipios, se extenderá a otras localidades, que serán elegidas por sus altos niveles de densidad de población, distancia de las cabeceras departamentales y disponibilidad de recursos judiciales: abogados, mediadores y trabajadores sociales. Poniendo énfasis en su carácter federal, las Casas de Justicias, se ubicarán en las distintas provincias, buscando reconocer y respetar las diferentes idiosincrasias de todos los puntos del país.