El Procurador General de la Nación, Esteban Righi,
instruyó a todos los fiscales de todos los fueros para que recurran ese tipo de resoluciones, a efectos de convalidar las investigaciones penales que se vienen llevando a cabo ante los distintos juzgados penales, y de este modo mantener la validez de las medidas (prisiones preventivas y embargos) que se hubieren dispuesto.
De esta manera, el Procurador intenta que las resoluciones de la Sala V de la Cámara del Crimen que anularon varios procesamientos dictados por secretarios del fuero terminen en la Cámara de Casación. Righi recordó que los “jueces transitorios” fueron designados conforme a la ley 25.856 y el Reglamento del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, que habilita a la designación previo un procedimiento específico de los Secretarios como jueces.
Aunque no dio una definición sobre la constitucionalidad del sistema implementado, el Procurador General tiene la intención de que “no permanezca vigente un sistema donde algunos jueces son considerados constitucionales y otros no, especialmente porque ello atenta contra la seguridad jurídica y previsibilidad que debe mantener el Servicio de Justicia”.
A pesar de que el Procurador aclaró que esta situación (la de las subrogancias) ocurre en los demás fueros (civil, comercial, laboral, etc.), donde podrían repetirse este tipo de planteos, en el fuero penal resulta aún más grave, porque está en juego la investigación de importantes delitos, así como también la libertad de las personas.
Por estos motivos, según el comunicado de la Procuración, Righi pretende que los fiscales obtengan un pronunciamiento del más alto tribunal de justicia, a efectos de garantizar un adecuado sistema de administración de justicia, y evitar la precariedad de la situación que se da actualmente.
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