En su resolución que contó con el voto unánime de todos los ministros, la Corte ordenó al máximo tribunal bonaerense que "haga cesar" las malas condiciones en las que se encuentran los detenidos la emplazó para que en 60 días no haya menores y enfermos en las seccionales.
También ordenó al gobierno de Felipe Solá a organizar una “mesa de diálogo” para resolver la gravísima crisis penitenciara bonaerense y conminó al gobierno de la provincia a que en 30 días brinde un informe a cada uno de los magistrados sobre las condiciones en de detención de los presos de las causas a su cargo.
Hace algunas semanas el máximo tribunal había realizado una audiencia entre el ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco y Horacio Verbitsky, en su calidad de presidente del CELS.
La organización no gubernamental había denunciado que en las comisarías bonaerenses se alojan en condiciones inhumanas 6.000 detenidos sin sentencia firme. Denunció que en la provincia de Buenos Aires se está violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que “ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Pero además, adujo que también se está violando la Convención contra la Tortura y advirtió que la situación de trato degradante que sufren los reos “se vuelca a la sociedad”.
Por su parte Di Rocco, argumentó que se están cumpliendo planes para el traslado de presos desde comisarías a institutos penitenciarios. El ministro precisó que en los últimos meses fueron traspasados de comisarías a institutos carcelarios unos 8.000 presos, pero aún continúan más de 4000 en esa situación.
La causa llegó al alto tribunal luego de la intervención de la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense –quien se declaró incompetente- y la Corte provincial, acción que finalmente tuvo acogida favorable por el dictamen del entonces Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, el que sin expedirse sobre el fondo de la cuestión, consideró que el CELS se “halla legitimado activamente para accionar en forma colectiva en representación de las personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires, de conformidad con el artículo 43 de la Constitución Nacional.