El Consejo expresó su “profunda preocupación” ante la inminente adhesión de algunas provincias al régimen establecido por la Ley 26.052, que estableció la desfederalización del tratamiento de los delitos menores relacionados con la droga.
Luego de realizar un exhaustivo análisis del tema, la entidad que nuclea a representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacó que la implementación de la ley “implica la disponibilidad de recursos humanos y materiales absolutamente insuficientes en la actualidad”. Además advirtió que “la falta de claridad de la prenotada norma podría generar serios conflictos de competencias, jurisdiccionales y policiales”.
En diálogo con este medio,
Víctor Hortel, defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explicó que no se cuestiona la decisión política y que los representantes del Ministerio Público acompañan la ley. “No lo planteamos en términos de oposición”, dijo. No obstante, aclaró que hay serias dificultades para aplicar la norma en la mayoría de las provincias, vinculadas a la estructura y la capacitación de los miembros del Poder Judicial. “Queremos hacer bien el trabajo que se nos asigne”, agregó.
El Consejo también consideró “imprescindible”, para la puesta en funcionamiento de la nueva ley, “contar con una capacitación previa y adecuada de todos los operadores que han de intervenir en el sistema”. Y pidió a las autoridades políticas provinciales que tengan en cuenta estos elementos “a fin de evitar el fracaso ante un tema tan sensible para la sociedad toda”.
La declaración fue firmada, entre otros, por Jorge Canteros (Chaco), Víctor Hortel (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Luis De Mitri (Tucumán), María del Carmen Falbo (Buenos Aires), Jorge Bof (Santa Fe), Miguel Piñero (Misiones), Héctor Daniel Morales (Entre Ríos), Rodolfo González (Mendoza), Claudio Espinosa (Fiscal del Tribunal Superior de Santa Cruz), Juan Carlos Gay (La Pampa), Alejandro Ficoseco (Jujuy), Luis Giménez (Tierra del Fuego), Alberto Tribug (Neuquén) y Liliana Piccinini (Rio Negro).
Esto se suma a una
acordada firmada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y sus pares de la Región Centro (Santa Fe y Entre Ríos), que rechaza la ratificación, en cada provincia, de la norma aprobada recientemente por el Congreso Nacional. Quienes se oponen a la provincialización de las causas menores de drogas sostienen, entre otras cosas, que los tribunales provinciales están saturados.
Antes de que el proyecto, impulsado a todas voces por el gobernador Felipe Solá, fuera sancionado, los propios jueces bonaerenses habían criticado duramente la reforma propuesta. Los magistrados llegaron a hablar de las “consecuencias nefastas” que podría generar y pusieron sobre el tapete el
colapso de la justicia provincial.
A pesar de ello,
el gobernador de la provincia de Buenos Aires acaba de enviar a la Legislatura el proyecto de ley por el cual esa provincia podría ser la primera en adherir a la norma nacional. La ley establece que cuando la “entrega, suministro o facilitación (de la droga) fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de seis meses a tres años de prisión”.
El segundo artículo señala que “los delitos previstos y penados por esta Ley serán de competencia de la Justicia Federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante ley de adhesión opten por asumir su competencia cuando se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo”.
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