Ahora las acusaciones deben ser ratificadas por el plenario del Consejo en su próxima reunión que será en la segunda semana de febrero, luego de la feria judicial. Si esto ocurre Liporace quedará suspendido en sus funciones y los cargos pasarán al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que decidirá su futuro.
Las tres acusaciones fueron aprobadas por los seis consejeros que integran la Comisión: Marcela Rodríguez, Luis Pereira Duarte, Beinusz Szmukler, y los recientemente asumidos -la de esta martes fue su primera reunión en Acusación-, Diana Conti, Federico Storani y Carlos Kunkel.
Causa Southern Winds
En esta causa Liporace fue denunciado ante el Consejo por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico al entender que incurrió en preguzgamiento durante la investigación de la causa por tráfico de drogas a España, a través de la línea aérea Southern Winds, de la que fue apartado luego de ser recusado por la fiscal del caso Gabriela Ruiz Morales.
En la Comisión de Acusación la denuncia fue instruida por el diputado de la UCR Juan Minguez que presentó el pedido de juicio político antes de dejar el cuerpo, el 9 de diciembre. Su reemplazante y correligionario, Federico Storani, sostuvo la acusación y afirmó que Liporace intentó eximir de responsabilidad a los directivos de Southern Winds y que construyó una “historia oficial” para que la responsabilidad recaiga en los empleados de menor jerarquía de la empresa. Actualmente los directivos se encuentran con "falta de mérito", una decisión que fue confirmada en segunda instancia.
El dictamen acusatorio por esta causa especifica que “las conductas reprochables desplegadas por el magistrado” fueron: dilación intencionada del trámite de la causa, falta de vigilancia sobre las actuaciones (fuga de información), entorpecimiento deliberado de la pesquisa, faltar a la verdad deliberadamente, apartamiento consciente del derecho, violación del deber de imparcialidad y afectación del derecho de defensa en juicio y de la consecución del debido proceso.
Causa Curtiembre Yoma S.A.
Se investigó a Liporace por haber beneficiado presuntamente a la curtiembre Yoma al disponer el pago de 8,5 millones de pesos por reintegros impositivos. En este caso también la Sala B de la Cámara apartó al juez de la causa y lo denunció ante el Consejo.
Esta causa contaba con dos dictámenes de la Comisión de Acusación: uno pidiendo el juicio político, de Marcela Rodríguez, y otro desestimando la denuncia, presentado por la ex consejera Maria Lelia Chaya; finalmente fue aprobado el primero.
El dictamen acusatorio afirma que Liporace actuó de “manera arbitraria, injustificada e injusta”. El informe dice que el juez, “intencionalmente ha hecho un ejercicio abusivo y desviado de los poderes que ostenta en virtud de su cargo, para favorecer a una de las partes” y agrega que, si eso no fuera así, “se ha acreditado su manifiesto desconocimiento del derecho vigente, tanto sustantivo como adjetivo y su falta de capacidad intelectual para ser juez de instrucción en lo Penal Económico”.
Garantía Cía. Argentina de Seguros S.A
Como en las causas anteriores en esta también fue denunciado por sus superiores de Cámara. La instrucción de la denuncia estuvo a cargo de Marcela Rodríguez que en la reunión de este martes afirmó que en esta causa se detectaron una serie de irregularidades que por si solas no configurarían mal desempeño pero que en su conjunto sí ameritan la remoción de Liporace.
Entre esas irregularidades se encuentra haber omitido el dictado de la prisión preventiva de una persona cuando lo procesó, pero sí haberlo hecho casi un año después del pedido de la fiscal con los mismos elementos con los que se contaban en la causa al momento de dictar el procesamiento de esa persona.
Pese a que el juez ofreció un pormenorizado descargo sobre todas las imputaciones, el dictámen que en definitiva impulsa su acusación no parece haber dado cuenta de ellos.