El gobierno de Felipe Solá inició esta semana una ronda de contactos con legisladores del oficialismo y la oposición para
buscar consenso en torno a una nueva reforma judicial que permita extender el sistema de oralidad en los casos de delitos flagrantes, a fin de agilizar el proceso, y modificar el Código Procesal Penal, para flexibilizar los criterios de excarcelación actuales. La idea del Poder Ejecutivo es llegar a los
primeros días de marzo con un proyecto consensuado.
El sistema oral para casos de delitos flagrantes se viene aplicando
en forma experimental desde hace ocho meses en el departamento judicial de Mar del Plata. Allí, el sistema “ha permitido que el 70% de los delitos de flagrancia cometidos en ese período se resuelvan en aproximadamente 30 días, cuando antes este proceso duraba dos o tres años”, destacó el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, que encabezó las reuniones en representación del gobierno provincial.
Este tema fue analizado en las reuniones que mantuvo Di Rocco con los bloques legislativos a fin de avanzar en la redacción de un proyecto de ley que permita extender esa metodología a toda la provincia.
También se estudió la posibilidad de
modificar el Código Procesal Penal, con el objetivo de flexibilizar el régimen de excarcelaciones y adecuarlo a normas nacionales e internacionales. La situación actual de las cárceles bonaerenses le imprimió a este tema una velocidad inesperada.
En mayo del año pasado, tras una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el gobierno de Solá fue intimado por la Corte Suprema a que cese de recluir procesados en calabozos de comisarías, al tiempo que le ordenó que adecue su legislación procesal a los estándares nacionales e internacionales.
Otra de la temas considerados fue la aplicación de medios alternativos de detención, como sistemas de monitoreo a través de pulseras o tobilleras o libertad vigilada, para evitar la masiva permanencia de procesados en el sistema carcelario que –según las mismas autoridades- está superpoblado.
En declaraciones públicas, el ministro Di Rocco explicó que la reforma procesal, de la ley 12.405, implementada en 2000 por la administración de Carlos Ruckauf “se ha ido desnaturalizando y la oralidad como sistema se ha convertido en la excepción, cuando en realidad debería ser la regla”.
Respecto al otro tema, el funcionario advirtió que la reforma que se propicia permitirá que los jueces "meritúen el dictado de la prisión preventiva con el principio general de que el procesado debe esperar el juicio en libertad".
dju / dju
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