La iniciativa, que tiene como última instancia de aprobación el último plenario de la actual composición del Consejo con 20 miembros el próximo 9 de noviembre, mantiene la estructura del actual reglamento de la Comisión de Acusación, que Szmukler integra, pero agrega nuevos aspectos en relación a los plazos para expedirse, las demoras por parte de los consejeros y la citación de testigos.
Szmukler explicó que “lo que inspira la presentación del proyecto es facilitar la continuidad del trámite de los expedientes radicados hoy en las dos comisiones –Acusación y Disciplina- a partir del cambio que se operará con la vigencia plena de la nueva Ley del Consejo 26.080 después del próximo 17 de noviembre”.
En efecto, la nueva ley, además de reducir la integración del Consejo de 20 a 13 integrantes, también introdujo otras modificaciones en la estructura del cuerpo. Una de ellas es la unificación de dos comisiones que hoy trabajan por separado: Disciplina y Acusación. Ambas analizan denuncias contra jueces. Pero la primera sólo aplica sanciones y la segunda estudia denuncias graves que ameriten un posible juicio político al magistrado.
Además de la unificación, la norma incluye a los consejeros jueces en esa comisión. Hasta ahora los magistrados no integraban la Comisión de Acusación; sí la de Disciplina. La nueva comisión estará integrada por: un representante de los abogados, dos senadores, dos diputados, dos jueces, el representante del ámbito académico y científico y el representante del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, la nueva ley introduce un plazo de tres años para investigar las denuncias. Vencido, la denuncia será archivada.
El proyecto de Reglamentación de la Comisión de Disciplina y Acusación propone que las medidas de pruebas solicitadas por un consejero “deberán sustanciarse en un plazo de sesenta días prorrogables por igual término si quedaren medidas pendientes de realización”. Por su parte, “el consejero instructor deberá presentar en cada uno de los expedientes a su cargo un informe mensual sobre la actividad desarrollada y reiterar las medidas probatorias pendientes una vez vencidos los plazos acordados”.
Si esa presentación es incumplida reiteradamente “constituirá falta grave que ameritaría la apertura de las actuaciones en los términos del artículo 7 inciso 14 de la Ley del Consejo”. Eso es la remoción de los consejeros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. La propuesta también incluye que “el o los expedientes en que ello hubiese ocurrido (el incumplimiento del informe mensual) se reasignarán por nuevo sorteo” a otro consejero.
La iniciativa también propone que la Comisión pueda rechazar los pedidos de prueba presentados por el juez cuando las considere “inconducentes o manifiestamente dilatorias”. También propone una nueva reglamentación en lo atinente a los testigos y sus cargos.
“Cuando en carácter de testigos sean convocados magistrados, fiscales o defensores públicos, la Comisión sesionará con quórum de un mínimo de tres de sus miembros. Cuando los citados no detentaren dichos cargos será presidida por el consejero instructor pudiendo cada miembro de la Comisión designar un abogado asesor que lo represente”, dice uno de los artículos del proyecto.
El proyecto mantiene una de las modificaciones que se le hizo al reglamento de la Comisión de Acusación, en agosto de 2005, en pos del derecho de defensa de los magistrados. Esto es que ante la presentación de una denuncia, la Comisión informará al magistrado de las actuaciones y las pondrá a su disposición, excepto en los casos en que se ponga en riesgo el resultado de la investigación.
En los fundamentos de la iniciativa, Szmukler señala que el nuevo Consejo “posee una distinta visión podrá modificar parcial o totalmente lo proyectado. Pero lo que no puede hacer éste Consejo es no brindarle a su sucesor la normativa que le permita desempeñar su función ni bien instalado”.
El proyecto formó parte de los temas a tratar en el último plenario del Consejo, el 26 de octubre. Pero en esa ocasión no hubo quórum. El próximo 9 de noviembre el cuerpo tiene previsto volverse a reunir. Esa será la última oportunidad de analizar la iniciativa, antes de que asuman los nuevos consejeros.