Siguen pasando los días y no se vislumbra una solución que deje a todas las partes conformes. Las internas políticas en el Senado -por ahora- parecen firmes para frenar la cuestionada reforma penal en la provincia de Buenos Aires. Esto llevó al gobernador a lanzar la idea de una “consulta popular”. Fue el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura. Luego de ello, en varias apariciones públicas, Solá insistió en la “necesidad” de avanzar con el proyecto aunque no dio detalles de esa idea.
Los jueces y abogados, que se mantienen unidos en contra de la reforma, no se manifestaron públicamente sobre la idea de Solá. Sin embargo, en diálogo con
Diariojudicial.com, el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia, Jorge Alvarez, relativizó los efectos de una votación popular sobre esa materia.
“Me parece que es llevarlo a un terreno peligroso. Es un método democrático, pero se pueden cometer errores” sostuvo Alvarez al ser consultado por la propuesta del mandatario provincial. No obstante, insistió en la importancia de escuchar a todos los sectores interesados. “Los abogados podemos aportar ideas”, dijo.
De hecho, los letrados vienen trabajando en distintas opciones en el marco de una comisión provincial que nuclea a los 18 colegios. Un mes atrás, abogados y jueces reclamaron que se los convoque para participar del debate y lograr una reforma
consensuada.
“La eliminación de la Casación va a generar que nadie unifique jurisprudencia y en cada departamento judicial podemos tener un criterio distinto. Lo que va a pasar es que lo va terminar unificando la Corte, con lo que va a tener mayor cantidad de trabajo”, se quejó Alvarez.
El presidente del Colegio de Abogados de la provincia admitió que “es necesaria” una reforma en la justicia penal, pero opinó que tal como está planteada “va a afectar el valor justicia”. Además, ante una consulta puntual de este medio, negó que los jueces y abogados tengan “una postura corporativa” respecto a la reforma.
El proyecto tiene como aspecto central la eliminación del Tribunal de Casación. Entre los cambios también se destaca la necesidad de
juicios cortos y con mayor eficiencia, que se traduce en una reestructuración del sistema de recursos, un profundo cambio en los métodos de organizar y administrar el trabajo judicial, y la
multiplicación de órganos de juzgamiento: los Tribunales Criminales conformados por tres jueces se convertirán en órganos unipersonales, logrando –según sus autores- la efectiva generalización de la oralidad plena, mayor cantidad de audiencias de juicio y más cercanas en el tiempo al momento en que el delito se cometió.
La iniciativa fue aprobada a fines del año pasado por la Cámara de Diputados y ahora
está trabada en el Senado en medio de una puja entre el Frente para la Victoria, la UCR y el PJ, que propuso la formación de una Comisión de estudio.
dju / dju
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