El proyecto de reforma penal en la provincia de Buenos Aires sigue cosechando detractores. A los jueces, que ya expresaron en varios oportunidades su oposición al proyecto oficial, se le sumaron ahora otros organismos como la CTA, la Asociación Judicial Bonaerense y Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Todos se encontraron el último sábado en la ciudad de Mar del Plata. Luego de un día completo de largos debates, elaboraron una serie de conclusiones.
Diariojudicial.com accedió a ese documento.
Allí se rechaza el proyecto de reforma procesal penal “por inconsulto, sorpresivo y arbitrario” y se llama a un “impostergable” debate público. Además, en un claro mensaje al Ejecutivo bonaerense, se pide que no “se siga confundiendo a la ciudadanía atribuyendo los problemas de la inseguridad al funcionamiento de la justicia”.
El Foro Multisectorial reunió al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires (CMyF), a “La Red” (Asociación de jueces y ex jueces de los Tribunales Orales en lo Criminal de la provincia), a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), al Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Buenos Aires (TCPBA), a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al Comité contra la Tortura de la CPM, al FOJUDE, a la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho (UNMdP) y a la CTA. También se pudo ver a algunos integrantes de la Cámara de Senadores bonaerense.
“La decisión política de actuar de manera inconsulta, privilegiando la sorpresa donde debería primar la seriedad, el conocimiento técnico y la responsabilidad que el tema abordado amerita, no puede menos que provocarnos desazón y necesidad de reacción; toda vez que no se trata de una mera reforma coyuntural sino estructural, dado que apunta al núcleo central del sistema de juzgamiento que desde 1998 rige en la provincia de Buenos Aires, que quedaría en jaque en el preciso instante en que adquiriere vigencia la ley que se pretende”, se puede leer en el documento final.
Además, el escrito cuestiona la utilización de “las vías de acción rápida” y “las respuestas emergenciales, dudosamente compatibles con una concepción democrática del ejercicio de los poderes de gobernar y legislar”, y critica duramente la falta de un debate público y abierto sobre “la mega reforma”.
Para las entidades mencionadas, la ciudadanía debería participar y discutir ciertas cuestiones que hacen a la reforma. Además, dijeron que desde el Ejecutivo se intenta confundir a la población “asimilando los problemas de inseguridad al funcionamiento de la justicia”. “No puede buscarse intencionalmente que la población bonaerense crea que el problema de la inseguridad y/o las libertades otorgadas a “tristemente célebres personalidades” es un problema del sistema judicial, por cuanto él mismo tiene como función insoslayable el respeto y la aplicación de la ley vigente al momento de los hechos sometidos a su juzgamiento, en directa observancia de normas sancionadas por el Poder Legislativo”, dijeron.
Y agregaron: “El “retraso” que evidentemente se ha producido en la resolución de causas penales durante los últimos años en la provincia de Buenos Aires, no es un problema que se pueda solucionar con una reforma estructural del sistema judicial. Por el contrario, lo que se requiere es la decisión política de fortalecer los organismos jurisdiccionales existentes, para que los mismos puedan funcionar correctamente”.
Entre los cambios propuestos por el gobierno bonaerense se destaca la necesidad de
juicios cortos y con mayor eficiencia, que se traduce en una reestructuración del sistema de recursos, un profundo cambio en los métodos de organizar y administrar el trabajo judicial, y la
multiplicación de órganos de juzgamiento: los Tribunales Criminales conformados por tres jueces se convertirán en órganos unipersonales, logrando –según sus autores- la efectiva generalización de la oralidad plena, mayor cantidad de audiencias de juicio y más cercanas en el tiempo al momento en que el delito se cometió.
Para los firmantes del documento, en cambio, la desaparición del juzgamiento colegiado “aparejará un mayor riesgo de incurrir en error en la decisión”.”La artificiosa multiplicación de órganos jurisdiccionales importa -lisa y llanamente- sacrificar los derechos de los justiciables y de los magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales”, argumentaron.
En cuanto a la supresión del Tribunal de Casación, opinaron que “representa un accionar decididamente inconstitucional que provocara la responsabilidad del Estado frente a órganos supranacionales de Derechos Humanos por las responsabilidades asumidas al incorporar los instrumentos internacionales de Derechos Humanos a la Constitución Nacional”.
dju / dju
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