El incremento año a año es el siguiente: en 2004, el presupuesto ejecutado (99.815.380 de pesos) fue un 116 por ciento mayor que el de 2003, cuando se gastaron 46.267.906 de pesos. En el 2005 fue de 127.462.075, casi un 28 por ciento más que en 2004. En 2006, se ejecutaron 210.003.598 lo que significa un aumentó de un 64,76 por ciento respecto al año anterior.
Para este año, el presupuesto que tiene para publicidad oficial la Secretaría de Medios de la Nación y otros organismos del Estado es de casi 203 millones.
La variación de los presupuestos se da porque en el país no existe una ley que regule la distribución de la pauta publicitaria. A eso se suma que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tiene facultades para reasignar y aumentar las partidas presupuestarias de cualquier área de la administración pública.
Poder Ciudadano obtuvo la información de la agencia oficial de noticias TELAM luego de pedidos efectuados a la Secretaría de Medios de la Nación. El coordinador del Área de Acción con Políticos de la ONG, Pablo Secchi, sostuvo que no tuvieron negativas para recibir los informes. Pero eso no ocurre en todo el país.
En Córdoba y Neuquén asociaciones civiles tuvieron que recurrir a la Justicia porque los gobiernos provinciales les negaron información sobre gastos en publicidad de 2004 a 2007. Con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles, una jueza en lo civil de primera instancia de Neuquén hizo lugar a un amparo ordenando al Estado que brinde publicidad, aunque la medida fue apelada. Por su parte, en Córdoba el Gobierno brindó la información requerida por la Fundación GEOS y ADC luego que así lo estableciera una resolución judicial.
Córdoba tiene regulado el acceso de la información pública a través de la ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. El artículo 7 de la norma establece que el Estado tiene 10 días para dar la información solicitada, prorrogables por otros 10, en cuyo caso la ley permite la presentación de un amparo por mora.
Una causa por publicidad oficial está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2003, el diario Río Negro presentó un amparo ante el Máximo Tribunal contra la decisión del gobierno de Neuquén de retirarle la pauta publicitaria por haber difundido una cámara oculta que involucraba a funcionarios provinciales y al mismo gobernador, Jorge Sobisch, en actos de corrupción.
Por discriminación, el diario y la editorial Perfil también presentó un amparo en la Justicia en la Contencioso Administrativo Federal en mayo del 2006 contra el Gobierno que no publicita en los medios de ese grupo periodístico.
Varias ONG, señalan que la falta de legislación sobre la pauta oficial permite controlar los contenidos de los medios de comunicación y distribuir la publicidad con criterios de premios o castigos. La ADC elaboró el documento “Principios Básicos para la Regulación de la Publicidad Oficial” que presenta una serie de pautas para regular y controlar la publicidad oficial. El trabajo fue presentado en diciembre pasado en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.