Las entidades propusieron en la carta enviada el pasado 30 de julio al Consejo provincial las siguientes medidas:
1) Publicidad de los criterios de evaluación tanto de los antecedentes de los concursantes así como del examen de oposición.
2) Publicidad de los resultados de la evaluación y su fundamentación en los exámenes y antecedentes de los postulantes
3) Apertura pública de los sobres que contienen los datos de los postulantes cuando se presentan las evaluaciones de los exámenes.
4) Publicidad de la entrevista individual con cada uno de los postulantes, en el marco de una audiencia pública.
5) La eliminación del carácter secreto de las reuniones del Consejo de la Magistratura, en especial aquellas en las que se aprueben las ternas.
6) Fundamentación y publicidad del voto individual de cada uno de los Consejeros y de la decisión adoptada.
Como ejemplo las ONGs afirmaron que “en algunos concursos de gran relevancia institucional como el que actualmente se desarrolla para cubrir el cargo de Fiscal General en el Departamento Judicial de San Martín, no resultaron del todo claros los parámetros con que se corrigieron los exámenes (a los cuáles fue muy difícil acceder) ni las razones por las cuáles fue declarado desierto”.
Y calificaron a la transparencia como un “valor central en la construcción de una judicatura democrática” ratificada en la Constitución de la provincia y en el Convenio Interamericano contra la Corrupción. Agregaron que la transparencia le permite a la ciudadanía “conocer las razones por las cuáles se toman las decisiones políticas”.
Las entidades que elaboraron las propuestas son la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano y la Unión de Usuarios y Consumidores, quienes elaboraron el reconocido documento “Una Corte para la Democracia”.