Asimismo, la investigación de los delitos ya no estará en manos de los jueces de instrucción, a quienes ahora se les reserva el dictado de las resoluciones. Los fiscales serán los encargados de la instrucción de las causas.
El nuevo Código también habilita la figura del querellante para las víctimas de los delitos, incorpora el principio de oportunidad y establece que las audiencias sean públicas.
Sin embargo, la modificación más destacada es la instauración de los juicios orales. Santa Fe era la única provincia que tenía procesos escritos. El objetivo del paso de la escritura a la oralidad es agilizar los procesos penales y en consecuencia acortarlos en la extensión de los plazos que actualmente tienen.
Estas reformas se aplicarán gradualmente en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia y la primera será Rafaela. Luego se irán incorporando en las demás localidades hasta junio del 2008, fecha límite que establece el nuevo Código para todas las modificaciones de la Justicia penal de Santa Fe.
El económico es el próximo debate que traerá la aplicación de la oralidad. En noviembre pasado, cuando se discutían las reformas, el juez de la Corte Suprema de Santa Fe Rafael Gutiérrez le había dicho a Diariojudicial.com que se iba a necesitar “mayor presupuesto porque el proceso oral es más caro y también cambios en estructuras edilicias” pero al mismo tiempo destacó “el compromiso del Gobernador de la provincia de dar todos los fondos que se necesiten para llevar adelante esto”.
La aplicación del sistema prevé una inversión de entre 90 y 150 millones de pesos. En declaraciones reproducidas por el diario La Capital de Rosario, el ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Rosúa, sostuvo que el Poder Ejecutivo dispondrá 60 millones de pesos para construcciones de edificios, 8 para informática y 3 para mobiliario. El funcionario también afirmó que se requerirán 90 fiscales, 40 defensores y 60 jueces nuevos y aseguró que además se deberán “considerar gastos y costos permanentes del sistema, como la política salarial, que asciende a 35 millones de pesos anuales y gastos de funcionamiento por otros 4 millones”.
El Código había sido reformado a fines de junio por la Cámara de Diputados y este jueves el Senado completó su sanción al tratar el proyecto sobre tablas. Esa metodología parlamentaria enojó a la UCR y al socialismo que se abstuvieron de votar; por lo que la iniciativa fue aprobada sólo con el apoyo del justicialismo. Ahora resta que el Poder Ejecutivo promulgue la ley, lo que se da por descontado en medio de la campaña electoral para la elección a gobernador del próximo 2 de septiembre y porque el actual mandatario, Jorge Obeid, apoyó las reformas.
En mayo del año pasado, los tres poderes del Estado comenzaron a trabajar en el Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafecina para modernizar la legislación. Desde junio de 2006 un Consejo Rector, dividido en 11 comisiones e integrado por abogados, jueces, legisladores, representantes del Poder Ejecutivo y profesores universitarios, trabaja en las reformas a los seis códigos procesales y otras leyes. Entre ellas, la oralidad en la Justicia penal fue la base para instaurar reformas más amplias.